Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre de 2023 y como plantea Ramón Sepúlveda, penalista que representa a la víctima, esperan que "se condene al acusado a las máxima penas que contempla nuestro sistema".
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El equipo de defensores del otrora alcalde de Recoleta, liderado por los penalistas Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, alista una nueva solicitud para que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revise la medida cautelar a la que está sujeto hace dos meses.
A través de sus abogados el jefe comunal solicitó audiencia de revisión de cautelares, la cual quedó fijada para la mañana de este lunes 8 de julio. Ahí los defensores tienen la presión de que si no logran revertir el escenario, Jadue sería cesado en el cargo.
A través de sus abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, el jefe comunal de Recoleta solicitó audiencia para que se reevalúe la medida cautelar a la que está sujeto desde el 3 de junio. Junto con esto, además, adelantaron que recurrirán ante el organismo encabezado por la ministra Nancy Yáñez, quien es cercana al gobierno.
Actual defensor del jefe comunal aseguró que "en corto plazo" pedirán revisión de su prisión preventiva.
En el marco de las acciones que desarrolla el Partido Comunista para buscar la libertad del jefe comunal de Recoleta desde su entorno más cercano también han sostenido una serie de conversaciones con otros abogados. Entre ellos, con el penalista Juan Carlos Manríquez.
El abogado del alcalde de Recoleta apuesta a que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la determinación de la jueza Paulina Moya y deje a su representado sólo con firma mensual y arraigo nacional. Dicen que la magistrada ordenó "su privación de libertad sin que se cumpla con los requisitos exigidos por nuestro legislador".
El abogado de 42 años no sólo ha asumido la representación del jefe comunal de Recoleta en distintas investigaciones penales, sino que también ha tenido como clientes a otros reconocidos rostros del Partido Comunista, como Karol Cariola e Irací Hassler. Asimismo, tiene el patrocinio del exadministrador electoral de la campaña de Karina Oliva y de otros actores públicos.
El jurista Ramón Sepúlveda, dijo que durante años ha habido "casos de corrupción con un gran enriquecimiento de políticos de otras carteras políticas, de la UDI, de la derecha, y la única vez que se le hace una imputación a una persona de izquierda se le decreta prisión preventiva sin ni un peso en sus bolsillos".
El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, anunció además que, eventualmente, solicitará una "revisión de cautelares". "Creemos que esta resolución es del todo injusta, desproporcionada, pero además con falta de antecedentes claros", acusó.
En la segunda jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Ramón Sepúlveda defendió que “hay antecedentes muy relevantes que demuestran que, efectivamente, la irrupción de las farmacias populares y las ópticas populares son algo que cambió la vida de muchos chilenos, y que rompió el esquema que había en un mercado absolutamente cuestionado en nuestro país”.
Ramón Sepúlveda señaló que la acción judicial contra la persecutora apuntará al delito de prevaricación. Además, afirmó que presentará un escrito ante el fiscal nacional para que se realice un sumario administrativo y se evalúe la remoción de la persecutora que investiga al alcalde de Recoleta.
En el ente persecutor se calificó como una mala señal que el jefe comunal no les reportara que tenía planes de viajar hasta Caracas. Por lo mismo, se evalúa elevar una solicitud al Tercer Juzgado de Garantía para que se analice el caso y, eventualmente, adelantar la imputación de cargos y la evaluación de medidas cautelares.
Luego de que el fiscal regional Centro Norte ingresara solicitud para formalizar al alcalde de Recoleta por delitos de corrupción, su defensa insiste en que no hay elementos concretos que lo vinculen a los delitos que se le imputarán. A juicio de ellos, se persiste en encausar al jefe comunal con el objetivo de posicionar mediáticamente la causa.
José Luis Yáñez fue formalizado por malversación de caudales públicos y cohecho, y se le apunta por la sustracción de más de mil millones de pesos desde las arcas municipales. Recientemente el Juzgado de Garantía de San Antonio fijó medidas precautorias sobre varios bienes.
