Una inesperada visita hizo este jueves el secretario del Senado, Raúl Guzmán, al Palacio de Tribunales. Algunos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago plantearon que su presencia es extraña, sobre todo por el proceso que se vive donde el Legislativo busca remover a tres ministros del máximo tribunal y la Cámara Alta obra como "juez" de las acusaciones constitucionales.
El fiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, quien ya había ganado un recurso de protección en la Corte Suprema por su injustificado despido del Congreso, ahora logró que el tribunal de alzada porteño ordene al Ministerio Público una investigación penal en contra de Raúl Guzmán. En la acción criminal se le acusa de falsificar documentos y cometer un delito específico de los abogados que obran como funcionarios públicos: prevaricación administrativa. La incomodidad de causas penales llegó hasta la testera de la corporación.
Javier Norero fue desvinculado a través de una resolución en noviembre de 2023 aduciendo deficiencias en su trabajo. Sin embargo, el máximo tribunal confirmó que el acto "no cumplió con el estándar exigible" y ordenó su reincorporación y el pago íntegro de sus remuneraciones.
El caso central del conflicto es la destitución de un exdirigente sindical, que fue sumariado a partir de una denuncia de agresiones a su expareja, que hasta hoy es profesional de la Cámara Alta.
La mesa de la Cámara Alta señaló que la inscripción de la marca no se ha materializado y afirmó que los recursos entregados a la firma "se rinden en mérito, tiempo y forma”.
A pesar de que la Comisión de Régimen del Senado respaldó a Raúl Guzmán, la legisladora DC critica el mal ambiente laboral que ha generado el secretario general en su calidad de jefe de servicio. "(Guzmán) debe actuar con apego a la legalidad", señala.
La pugna entre el secretario del Senado y parte de lo funcionarios de la corporación terminó en tribunales. Los senadores no han estado al margen del conflicto.
En los próximos días el fiscal nacional, Jorge Abbott, debe decidir si expulsa del Ministerio Público al investigador de casos de drogas Patricio Rosas y al exasesor de la Fiscalía Sur Roberto Contreras, como propuso la indagatoria administrativa llevada en su contra por infringir las medidas sanitarias impuestas en el país por la pandemia del Covid-19. La máxima autoridad del ente perseguidor penal podría también optar por bajar el castigo y darles a ambos una segunda oportunidad, como la que tuvo Raúl Guzmán en la Cámara Alta al no ser sancionado por su conducta, dejando el caso a fojas cero.
Con la decisión del Tribunal Constitucional, el secretario del Senado no podrá ser formalizado por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra por infringir las medidas sanitarias al acudir a un restaurantes de mariscos en cuarentena. "Las sanciones penales que requieren de un cierto procedimiento vamos a evaluar cómo se continúan con ellas", dijo Hernán Larraín.
Documento enviado por la defensa del secretario del Senado -en el marco de la indagatoria que se sigue luego que fuera visto en un restaurante durante la cuarentena-, establece que solo los portadores del virus Covid-19 podrían ser sancionados penalmente.
Adriana Muñoz destacó que acuerdo de la Comisión de Régimen Interno sólo implica que el secretario general del Senado deje sus funciones legislativas.
La citada instancia parlamentaria se reunió hoy para decidir el futuro del funcionario y determinó acoger la propuesta realizada por el exfiscal respecto a enfocarse en funciones "administrativas y de Régimen Interior”.
Tras la propuesta de la mesa de la Cámara Alta, liderada por Adriana Muñoz (PPD), de separar al secretario de funciones mientras dure el proceso en su contra, senadores de oposición y oficialismo han salido a respaldar su permanencia en el cargo. La decisión que sellará su futuro en la corporación será abordada mañana por Régimen Interno.
La jefa del Ministerio Público del Biobío, Marcela Cartegena, ingresó hoy un escrito en que pide audiencia para imputar cargos al alto funcionario del Poder Legislativo por haber infringido el artículo 318 del Código Penal. A su nombre se suma el de otros dos funcionarios de la Fiscalía Sur y los dependientes del local en que se habría llevado a cabo un almuerzo en plena pandemia.
La líder de la testera, Adriana Muñoz (PPD), señaló que, en caso de que el secretario de la Cámara Alta sea formalizado por delitos contra la salud pública, pueda "suspender sus actividades mientras ese proceso esté en curso”. La decisión, en todo caso, estará en manos de Régimen Interno, donde aún no hay acuerdo respecto de la posición que debe adoptar la Corporación ante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
