En el contexto de la Ley de Presupuesto 2025 se estableció una rebaja preventiva del gasto público, en la cual se incluyó un recorte de $7.064 millones al organismo persecutor.
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Tras un extenso debate, la indicación que buscaba devolver a los tribunales marciales los casos en que militares o efectivos policiales estuvieran siendo juzgados, fue declarada inadmisible. Los partidos de gobierno valoraron esta parte del proyecto, pero expresaron su preocupación por algunas normas, que esperan revertir en la Cámara Alta. La oposición en tanto, aún no da muestras claras de querer insistir en la inclusión de la justicia militar.
En un complejo ambiente político, el oficialismo más la Democracia Cristiana intercambiarán a partir de mañana las aspiraciones que tienen en las 345 comunas del país, para la municipal de octubre. Un asunto que no se ve fácil. No sólo por el factor de incertidumbre que introduce el voto obligatorio y el criterio de “el que tiene mantiene”, sino por la disputa de sillones alcaldicios que pertenecen a los mismos socios de la coalición. Una "fagocitosis" a la que el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, llama a poner freno.
El jurista Enrique Aldunate cumple las dos funciones a la vez, en momentos en que en esa bancada el diputado Raúl Leiva ha sido cuestionado por los nexos familiares que tiene con los notarios.
Ante el riesgo de que la derecha rechace de cuajo los principales artículos de la propuesta del Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas -con la venía del ministro Álvaro Elizalde (PS)- han realizado maniobras reglamentarias para suspender sesiones, ganar tiempo y tratar de dar vuelta algunos votos frente a una iniciativa emblemática de la agenda de seguridad.
A juicio del diputado socialista, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el descuelgue de la izquierda es una falta de compromiso "grave", y asegura que había un acuerdo para apoyar las indicaciones del Ejecutivo, lo que no se cumplió.
Actualmente hay seis iniciativas parlamentarias que habilitan un nuevo giro discrecional desde los fondos de pensiones. Sin embargo, este martes se presentó, además, una nueva moción que le cobra la palabra al gobierno de un "retiro acotado", al revivir una propuesta que ofreció el ministro de Hacienda el año pasado. Además de las dudas que hay entre comunistas, existe el riesgo de que algunos liberales, radicales, pepedés y socialistas apoyen esta nueva arremetida por los ahorros previsionales.
Si bien el debate de los giros previsionales partirá este martes, la Comisión de Constitución, hoy recargada de trabajo por la agenda de seguridad, solo le destinará una hora por semana. La diputada Pamela Jiles dijo que si bien se logró poner en tabla el proyecto, “el gobierno hará que se tramite lento y presionará a sus diputados para que lo voten en contra”.
El parlamentario, quien tendrá un papel protagónico en la nueva discusión que se avecina por los giros previsionales, también fue actor clave detrás de la ley Naín-Retamal, iniciativa que facilita el uso de armas de servicio por parte de policías. Sin embargo, remarca que "no es manga ancha para Carabineros", pues está limitada a casos de legítima defensa. Cuestiona que parlamentarios hayan vinculado esta norma con la situación que vivió la senadora Fabiola Campillai, pues ella nunca agredió a un funcionario policial.
Los integrantes opositores de la instancia reprocharon que la sesión iniciara 15 minutos antes de lo acordado a través de un grupo de WhatsApp, lo que permitió a los diputados presentes -todos oficialistas- rechazar la impugnación contra el presidente de la comisión. Tras esto, Leiva -quien adujo que formalmente la cita estaba fijada a las 17.30- presentó su dimisión "en aras de la unidad".
Cuatro ex ediles buscan llegar al Congreso en un distrito clave para el PRO, la UDI, el PS y la DC.
