"Si bien es positivo que se permita a los sindicatos negociar condiciones de adaptabilidad laboral por necesidades personales -favoreciendo los acuerdos al haber mayor equilibrio de poderes- creemos que el derecho a acordar estos pactos debiese ser extendido a las personas, para que la mayor cantidad de realidades pueda ser acogida por las empresas."
Debido a que el Ejecutivo decidió renovar la urgencia de la reforma de pensiones, este proyecto recién será visto por la sala en la primera semana de noviembre, de regreso de la distrital.
Desde el Ejecutivo esperan que, en las subsiguientes reuniones, los expertos realicen un diagnóstico del proyecto de adaptabilidad laboral, y presenten sus principales inquietudes.
La idea central del Ejecutivo apunta a que con estas reuniones se pueda elaborar un documento final, que contenga una serie de propuestas respaldadas por bases técnicas, de las que la autoridad pueda hacer uso en la actual disputa política en la que se ha convertido la rebaja de la carga horaria.
En tanto, el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, volvió a plantear reparos sobre el proyecto.
El abogado constitucionalista José Francisco García agregó que "estamos evaluando las distintas mociones parlamentarias o indicaciones en las cuales vemos esta vulneración. Luego, hacemos una recomendación. El que toma la decisión final de requerir uno, dos, tres o más proyectos es el Presidente de la República".
Los economistas Gonzalo Sanhueza y Ricardo Paredes entregaron su visión crítica sobre la forma y el fondo de la discusión.
Sin duda cada país posee sus particularidades, desde sus políticas económicas, sus tradiciones y festividades, hasta el ambiente de trabajo y su relación vida personal-profesional. Lo importante es focalizarnos en el desafío común: ser más productivos para mejorar la calidad de vida de las personas.
Gael Yeomans fijó una reunión con Gabriel Silber: el objetivo es atenuar las críticas ante la premura de la votación. Hoy, en tanto, los asesores legislativos de la oposición sostendrán una reunión de coordinación.
El próximo lunes 2 de septiembre la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados votará este proyecto de ley, anticipándose a la iniciativa de adaptabilidad laboral del gobierno que todavía no inicia su trámite legislativo. Desde el Ejecutivo criticaron la arremetida e insistieron con el mensaje de que es inconstitucional.
Sebastián Izquierdo agrega que "creemos que la flexibilidad busca el beneficio mutuo. Desde el punto de vista del trabajador, permite compatibilizar de mejor manera su disposición frente al ocio y frente a los ingresos y, por otra parte, permite a las empresas valorizar de mejor manera cómo va a ser la distribución de sus insumos para la producción".
Esto porque la moción parlamentaria considera dentro de la jornada de trabajo el "período de colación". La presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (Frente Amplio), dijo que el proyecto seguirá su curso en esa instancia.
El jefe de la cartera hizo un fuerte llamado a la CPC a construir una iniciativa conjunta, tras pérdida de fuerza del proyecto de adaptabilidad laboral.
Durante la primera semana de septiembre, el gobierno espera concretar los cambios al proyecto que reduce la jornada a 41 horas promedio. Para acelerar su redacción formó una mesa con economistas del bloque y, de esa manera, lograr cuadrar a sus parlamentarios con la propuesta.
La economista de la UAI aseguró que la iniciativa del gobierno tendría un efecto positivo en los niveles de productividad, pero advirtió que no se tiene evidencia de que sean suficientes para compensar el alza en los costos.
