Además de ampliar de 5 a 6 años el mandato presidencial, la propuesta incluye que los tres poderes del Estado, la autoridad electoral y el Ejército recaigan en manos de la Presidencia. También hay un apartado dedicado a los medios de comunicación y convertir la bandera del sandinismo en símbolo patrio.
La norma, que retornó a comisión por ser objeto de modificaciones, reforma el artículo 8° de la Constitución, para determinar que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitados para postular o desempeñar un cargo o función pública, incluso cuando el cargo sea de elección popular.
Desde el organismo indicaron que “los hechos que están siendo investigados en el llamado caso Audio son extremadamente graves y merecen nuestro absoluto rechazo”, tras lo cual destacaron la necesidad de que sea el propio colegio el que ejerza el control ético de sus pares y que, en caso de faltas graves, pueda incluso determinar la prohibición del ejercicio profesional.
El proyecto propuesto por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) modificaría el artículo 32 de la constitución y, según el parlamentario, se justificaría en lo expuesto que está el país frente a terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y maremotos.
La medida busca elevar los estándares de probidad para los postulantes a los cargos del Congreso y de la Presidencia, como también equiparar las inhabilidades ya existentes en otros puestos de elección popular.
El territorio francés de ultramar está sumido hace más de una semana en sus peores disturbios desde hace 40 años por una controvertida reforma del censo electoral, que obligaron al presidente Emmanuel Macron a viajar a esta isla del Pacífico, que es la tercera productora mundial de níquel, mineral utilizado para fabricar baterías para vehículos eléctricos.
“Cualquier reforma al sistema político tiene que ser el fruto y resultado de un diálogo amplio y un acuerdo amplio (…), no solo una iniciativa particular de uno u otro parlamentario”, dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo.
La medida rige hace más de un año en la Macrozona Sur, tras ser decretada por el Presidente Gabriel Boric el 16 de mayo de 2022. Hasta ahora, las prórrogas debían ser discutidas y renovadas cada 15 días por el Congreso.
La iniciativa -impulsada por los senadores Rojo Edwards (Republicanos), Francisco Chahuán (RN), Yasna Provoste (DC), Matías Walker (Demócratas) y Juan Luis Castro (PS)-, busca hacer públicos los datos de las personas y fundaciones que reciben dineros estatales, con el fin de reducir los riesgos de corrupción y evitar polémicas como la destapada con el caso Democracia Viva.
La reforma, tras el rechazo en la Cámara pasó a Comisión Mixta, donde se selló un acuerdo que compromete al Ejecutivo a enviar leyes para regular el uso de la fuerza, además de la creación de grupos especiales en la policía y FF.AA para control fronterizo, entre otras. Finalmente, la iniciativa fue visada de manera unánime en esta instancia y en el Senado, y será vista este jueves en la Cámara Baja.
Ahora, el Congreso tiene la tarea de designar a los 24 expertos que serán parte de la Comisión Experta. Mientras que los partidos políticos, deben definir sus listas para la elección del futuro Consejo Constitucional que redactará la nueva Carta Magna.
