La iniciativa fue presentada por Ximena Ossandón, Hugo Rey y Camila Flores a raíz de las comunicaciones reveladas que sostuvo la diputada del Frente Amplio con la fiscal Lorena Parra, quien investiga a Jorge Valdivia, expareja de la parlamentaria.
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La reforma constitucional que ha presentado un grupo transversal de senadores vuelve a abrir una oportunidad para reconstruir la gobernabilidad y recuperar la confianza ciudadana. Retrasar esta discusión significaría prolongar la incertidumbre.
El titular de la Segpres indicó que una vez que se genere este acuerdo, se definirá si la reforma se hace mediante una indicación a los proyectos que se han presentado o a través de un nuevo texto legal.
La iniciativa, presentada por parlamentarios del PS, PPD, la UDI y RN, establece un umbral del 5% de los votos para que los partidos puedan tener representación en la Cámara de Diputados, además del cese del cargo de los parlamentarios que renuncien a su partido. Asimismo, se prohíbe la formación de listas formadas únicamente por candidatos independientes, entre otras medidas.
Además de ampliar de 5 a 6 años el mandato presidencial, la propuesta incluye que los tres poderes del Estado, la autoridad electoral y el Ejército recaigan en manos de la Presidencia. También hay un apartado dedicado a los medios de comunicación y convertir la bandera del sandinismo en símbolo patrio.
La norma, que retornó a comisión por ser objeto de modificaciones, reforma el artículo 8° de la Constitución, para determinar que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitados para postular o desempeñar un cargo o función pública, incluso cuando el cargo sea de elección popular.
Desde el organismo indicaron que “los hechos que están siendo investigados en el llamado caso Audio son extremadamente graves y merecen nuestro absoluto rechazo”, tras lo cual destacaron la necesidad de que sea el propio colegio el que ejerza el control ético de sus pares y que, en caso de faltas graves, pueda incluso determinar la prohibición del ejercicio profesional.
El proyecto propuesto por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) modificaría el artículo 32 de la constitución y, según el parlamentario, se justificaría en lo expuesto que está el país frente a terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y maremotos.
La medida busca elevar los estándares de probidad para los postulantes a los cargos del Congreso y de la Presidencia, como también equiparar las inhabilidades ya existentes en otros puestos de elección popular.
