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La ministra de la Segpres señaló que la actual reforma electoral, empujada por la derecha, no considera el impacto financiero, ya que al fomentar una mayor votación el Fisco tendrá que destinar más dinero por concepto de reembolsos por cada voto obtenido por candidatos y partidos.
La medida recomendada por la secretaría de la Comisión de Gobierno, en base a un criterio jurídico, puso la lápida a esta ofensiva de La Moneda para colocar en debate la problemática de los extranjeros habilitados para sufragar en Chile, que podría llegar a un millón en las próximas elecciones. La alternativa del gobierno es insistir con el tema en un proyecto distinto.
Frente a la crisis estructural y de confianza que vive el sistema político nacional, que atenta en contra de la gobernabilidad de quienquiera esté o llegue a La Moneda, la Universidad San Sebastián pidió a un conjunto de expertos y académicos de centros de estudio que elaboraran propuestas para hacer frente a esta situación. Así nació el libro “Chile y las Reformas Políticas Pendientes. Propuestas para mejorar la gobernabilidad del país”. El texto, de Ediciones USS, fue presentado en un reciente y concurrido seminario. Conoce más en esta nota.
La jefa de la bancada de los senadores gremialistas manifiesta su descontento con las indicaciones que ingresó el Ejecutivo sobre la materia. Afirma que si bien el asunto debe regularse, no se puede excluir a los migrantes de sufragar de las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Las enmiendas del Ejecutivo buscan corregir la reforma electoral, aprobada el pasado 14 de enero por el Senado, que regula la multa para el voto obligatorio. Desde el Congreso, las fuerzas oficialistas se cuadraron con la ofensiva de Palacio, mientras que desde la oposición acusaron un cálculo electoral.
La Moneda busca que ciudadanos de otros países habilitados para votar en Chile solo puedan ejercer este derecho en comicios municipales y plebiscitos comunales. Además, la ofensiva legislativa, coordinada por el ministro de la Segpres, propone como exigencias que los migrantes presenten un certificado de antecedentes penales para ser incluidos en el padrón y que tengan residencia definitiva, no "temporal".
La iniciativa, de autoría de los senadores Manuel José Ossandón (RN), Matías Walker (Demócratas), Ximena Rincón (Demócratas) y Luz Ebensperger (UDI), considera una sanción de 0,5 a 5 UTM (desde 32 mil a 325 mil pesos aproximadamente).
Este paquete de modificaciones está separado, al menos, en dos proyectos que correrán por carriles distintos. El primero, que perfecciona el sistema electoral y consagra la multa por no votar en forma permanente, ingresó el año pasado, pero no se ha discutido en la Comisión de Gobierno del Senado. La otra iniciativa que busca fortalecer a los partidos ni siquiera ha sido presentada.
A pesar de que algunas ministras del Tribunal Constitucional hicieron un reproche al Senado por haber tramitado este proyecto con un quorum más alto, la mayoría del TC visó la iniciativa que ya está en condiciones de ser promulgada por el Presidente Boric.
En su último trámite en el Congreso, el veto del Ejecutivo fue aprobado por la Cámara con 138 votos a favor y solo 2 en contra. Esa mayoría, que se suma al apoyo casi unánime que le dio el Senado, le permitiría al ministro Elizalde sanear ante el Tribunal Constitucional los eventuales vicios formales que hubo en la accidentada tramitación de esta reforma. Las disposiciones, sin embargo, solo regirán para los próximos comicios.
Las observaciones del Ejecutivo fueron fue visadas favorablemente con 138 votos, 2 en contra y cero abstenciones.
Esta iniciativa ha tenido una de las tramitaciones más conflictivas de los últimos años. Sin embargo, el próximo martes, si los diputados aprueban el veto del Presidente, se cerraría la etapa legislativa y el texto quedaría en condiciones de ser revisado por el Tribunal Constitucional para la posterior promulgación de la ley.
El trámite será votado este lunes 12 de agosto en el hemiciclo.
