Un grupo de 14 parlamentarios opositores considera que el decreto supremo emanado desde La Moneda, publicado en el Diario Oficial en enero de este año, es inconstitucional ya que impone barreras adicionales al procedimiento para estas peticiones de protección —destinadas a migrantes que corren peligro— que no están contempladas en la ley. "El Gobierno pretende crear trámites que no han sido previstos por el legislador y que, en definitiva, restringen el ejercicio del derecho a pedir asilo en nuestro país en los términos en los que lo establece la ley", explica la senadora Ximena Rincón.