La iniciativa se fundamenta en que el derecho-deber alimentario constituye un derecho humano fundamental y que es “responsabilidad del Estado" respetarlo y promoverlo. En tanto, una indicación propuesta por las senadoras Allende, Provoste, Muñoz y Sabat que buscaba impedir que los deudores pudieran optar a cargos de elección popular, fue rechazada al no alcanzar el quórum necesario, aunque se acordó con el Ejecutivo retomar el tema en otro proyecto de ley.
