Nuevamente la Contraloría está revisando el reglamento que favorece a aquellos profesionales de la salud que no se oponen al procedimiento. En ese contexto, diversos obispos y representantes de iglesias suscribieron una carta al escrito que solicita mantener la objeción de conciencia.
El Ejecutivo había prometido agilizar la regulación de la seguridad privada en Chile, dando un plazo de tres meses para la entrada en vigencia del proyecto que el Presidente Gabriel Boric promulgó en marzo del año pasado.
Entre 2023 y 2024 se han presentado 134 requerimientos a los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA). De ellos se han emitido 40 sentencias, todas ellas favorables a los contribuyentes. El resto se mantiene aún en sede judicial. Desde el SII descartan que sea algo generalizado considerando que el total de propietarios de bienes sujetos de este impuesto llegan a los 12.000. “La judicialización respecto de este impuesto es reducida”.
El segundo texto de tres esenciales para el funcionamiento de la ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones incluye radares fijos y móviles con capacidades avanzadas de captura y verificación. El gobierno había reingresado hace poco otro de los reglamentos, el que establece los alcances de la División de Fiscalización del Transporte, con lo que la cuenta atrás para ver concretada la normativa empieza a acortarse.
Luego de ser criticada la tardanza en su tramitación puesto que podría haber ayudado a aminorar la emergencia tras las lluvias de agosto, el documento fue ingresado el pasado 7 de agosto a Contraloría para su revisión y posterior toma de razón. Las compañías han retrucado que su contenido generaría situaciones fuera de la norma y con efectos prácticos nocivos para el despliegue de la red.
Tras haber transcurrido seis meses desde su retiro de Contraloría para "revisiones menores" en enero pasado, el 23 de agosto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reingresó al ente contralor uno de los tres reglamentos que permitirán el correcto funcionamiento del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Expertos valoran la medida, aunque apuntan a poner urgencia en la toma de razón para evitar muertes por exceso de velocidad.
El temporal de viento y lluvia que tiene a miles de clientes sin energía eléctrica dejó al descubierto que la normativa que buscaba despejar las calles y evitar riesgos por el cableado hoy es letra muerta.
Este 19 de julio, el Ministerio del Interior ingresó para su revisión a Contraloría un documento de 13 páginas que marca las normas de la ley sobre los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, promulgada en 2023. Entre sus lineamientos, el documento sostiene que son las fuerzas policiales y de orden quienes deben velar por la protección de los registros y datos, mientras que en la práctica estos dispositivos deben estar visibles en el equipamiento policial.
Según la ministra de la Salud, los cambios al reglamento “son mejoras en relación a cómo se ha aplicado la ley" y que están respetando los fallos y la objeción de conciencia,
Según argumentaron en los escritos, la modificación respeta la legislación vigente y subsana las barreras de acceso que presenta la actual ley.
Gremios respaldan propuesta de postergar la entrada en vigor de la última etapa de la Ley 21.368 por falta de más directrices que definan algunos aspectos de la normativa.
Este miércoles la Contraloría tomó razón de la normativa ingresada por el Ministerio de Transportes, y desde que sea publicada en el Diario Oficial habrá como máximo un año para que los usuarios se pongan al día con la nueva legislación. Como sea, aún persisten dudas sobre qué pasará con quienes realizaron la medida antes de la toma de razón del documento final.
Antonio Canale-Mayet, director de Asuntos Corporativos de Didi Chile, es tajante y asegura que más de la mitad de sus conductores, registrados al mes de diciembre, no cumple con los requisitos que impone el reglamento, el que cree está mal enfocado.
Uber ingresó al ente fiscalizador una presentación de 42 páginas en donde se detallan 11 puntos en los cuales partes de los requisitos contemplados en el reglamento -que busca regular a las aplicaciones de transporte- serían ilegales. Desde el ministerio afirman que ya se encuentran revisando el documento, mientras que Cabify evalúa tomar una acción similar.
Este viernes entró en trámite el reglamento oficial de la Ley Uber. Luego de presiones desde el gremio de aplicaciones, la cartera modificó dos de los puntos más controversiales: cilindrada máxima y año de antigüedad de los vehículos.
