El segundo texto de tres esenciales para el funcionamiento de la ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones incluye radares fijos y móviles con capacidades avanzadas de captura y verificación. El gobierno había reingresado hace poco otro de los reglamentos, el que establece los alcances de la División de Fiscalización del Transporte, con lo que la cuenta atrás para ver concretada la normativa empieza a acortarse.
Luego de ser criticada la tardanza en su tramitación puesto que podría haber ayudado a aminorar la emergencia tras las lluvias de agosto, el documento fue ingresado el pasado 7 de agosto a Contraloría para su revisión y posterior toma de razón. Las compañías han retrucado que su contenido generaría situaciones fuera de la norma y con efectos prácticos nocivos para el despliegue de la red.
Tras haber transcurrido seis meses desde su retiro de Contraloría para "revisiones menores" en enero pasado, el 23 de agosto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reingresó al ente contralor uno de los tres reglamentos que permitirán el correcto funcionamiento del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Expertos valoran la medida, aunque apuntan a poner urgencia en la toma de razón para evitar muertes por exceso de velocidad.
El temporal de viento y lluvia que tiene a miles de clientes sin energía eléctrica dejó al descubierto que la normativa que buscaba despejar las calles y evitar riesgos por el cableado hoy es letra muerta.
Este 19 de julio, el Ministerio del Interior ingresó para su revisión a Contraloría un documento de 13 páginas que marca las normas de la ley sobre los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, promulgada en 2023. Entre sus lineamientos, el documento sostiene que son las fuerzas policiales y de orden quienes deben velar por la protección de los registros y datos, mientras que en la práctica estos dispositivos deben estar visibles en el equipamiento policial.
Según la ministra de la Salud, los cambios al reglamento “son mejoras en relación a cómo se ha aplicado la ley" y que están respetando los fallos y la objeción de conciencia,
Según argumentaron en los escritos, la modificación respeta la legislación vigente y subsana las barreras de acceso que presenta la actual ley.
Gremios respaldan propuesta de postergar la entrada en vigor de la última etapa de la Ley 21.368 por falta de más directrices que definan algunos aspectos de la normativa.
Este miércoles la Contraloría tomó razón de la normativa ingresada por el Ministerio de Transportes, y desde que sea publicada en el Diario Oficial habrá como máximo un año para que los usuarios se pongan al día con la nueva legislación. Como sea, aún persisten dudas sobre qué pasará con quienes realizaron la medida antes de la toma de razón del documento final.
Antonio Canale-Mayet, director de Asuntos Corporativos de Didi Chile, es tajante y asegura que más de la mitad de sus conductores, registrados al mes de diciembre, no cumple con los requisitos que impone el reglamento, el que cree está mal enfocado.
Uber ingresó al ente fiscalizador una presentación de 42 páginas en donde se detallan 11 puntos en los cuales partes de los requisitos contemplados en el reglamento -que busca regular a las aplicaciones de transporte- serían ilegales. Desde el ministerio afirman que ya se encuentran revisando el documento, mientras que Cabify evalúa tomar una acción similar.
Este viernes entró en trámite el reglamento oficial de la Ley Uber. Luego de presiones desde el gremio de aplicaciones, la cartera modificó dos de los puntos más controversiales: cilindrada máxima y año de antigüedad de los vehículos.
La Tercera hizo el ejercicio de buscar en la plataforma de la Ley de Lobby las reuniones de diversas aplicaciones de transporte, como Uber, Cabify o Didi, con autoridades y parlamentarios. Desde que comenzó a tramitarse la ley, las gestiones han sido intensas.
A menos de un mes de la entrega del reglamento a la Contraloría General de la República, el ministro (s), Jorge Daza, afirmó que durante las últimas semanas han escuchado atentamente las opiniones de las aplicaciones para “poder ajustar el reglamento en la mejor medida que podamos, de acuerdo a los espacios que nos propone la propia ley”, tales como la antiguedad del año de la primera inscripción y la cilindrada de los vehículos.
De los 93 proyectos de generación solar y eólica que han sido admitidos a trámite ante el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA), 68 cuentan además con tecnología de almacenamiento de energía, en su mayoría con sistemas de baterías. Las principales generadoras del país están desplegando varios proyectos y esperan la publicación de un reglamento técnico para desplegarse con aún más fuerza.
