Clark puede insistir en la misma Corte mediante un recurso de reposición.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un recurso de hecho ante la Corte Suprema para impugnar la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que declaró improcedente su solicitud de regulación tarifaria para servicios sanitarios con características monopólicas. La FNE sostiene que el fallo implica una abdicación de competencias y genera un vacío regulatorio. Aguas Andinas y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) solicitaron el rechazo del recurso, argumentando que la ley no permite impugnar este tipo de informes.
Para el próximo 12 de marzo está programada una audiencia que se considera un hito en esta contienda, pues reunirá a los grandes conglomerados empresariales del país en un intento por evitar que el tribunal especializado acoja la solicitud de la corporación de consumidores para que recomiende normas que pongan límite a su crecimiento y a su alcance. Los mejores abogados del rubro, contratados por algunos de los grupos empresariales más relevantes, se darán cita en una convocatoria que se anticipa de alto voltaje, y donde Conadecus tiene un camino cuesta arriba, pues ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica ha dado muestras de respaldarla.
El banco cuenta con un plazo máximo de un año para dar inicio a sus actividades, es decir, hasta el 6 de febrero del 2026.
Los planes de Tenpo implican convertirse en el primer neobanco del país. A la entidad sólo le resta la tercera etapa del proceso de autorización.
Desde el Ministerio de Transportes sostienen que la medida tiene por objetivo subsanar correcciones de forma realizadas por Contraloría, pero que no responden a implementar cambios de fondo. En ese contexto, las apps cuestionan los requisitos que busca la nueva normativa, los que, aseguran, impactarán a miles de conductores, encarecerán los servicios y vulnerarán la privacidad de datos.
Tras su reingreso a Contraloría, el reglamento enfrenta nuevamente fuertes críticas de parte de las apps y gremios del sector, quienes advierten que las exigencias propuestas por el Ministerio de Transportes afectarán la calidad del servicio, la oferta de vehículos y los costos de los viajes.
Este jueves, Pedro Pablo Larraín, solicitó al liquidador de Sartor AGF tomar seis medidas concretas a raíz del fallo de la Corte de Apelaciones que acogió su petición de no innovar.
En los días previos al anuncio del viernes pasado, los papeles de CLC habían sufrido fuertes variaciones.
Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
El pasado 2 de enero, Asesorías e Inversiones Sartor, matriz de la gestora de fondos insistió en el recurso de ilegalidad en contra de la resolución de la CMF ante la Corte de Apelaciones, pero además pidió una orden de no innovar respecto de la liquidación de los fondos. Advierte de un daño de hasta 40% sobre el valor de los activos.
El recurso apunta a la ilegalidad del oficio de la CMF del pasado 16 de diciembre, el cual ordenó a la gestora de fondos proporcionar una serie de antecedentes en “forma inmediata”.
Además, la compañía señaló que llegó a acuerdo con 23 aportantes del fondo Capital Estructurado I, quienes habían presentado una querella por administración desleal. Esto implica que la compañía pagará $1.121 millones a estos inversionistas.
La acción judicial se dirige en contra de quienes resulten responsables “como autores, inductores, cómplices y encubridores” de la “bicicleta financiera” que acusa Credicorp, apuntando a los delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado bajo la Ley de Mercado, entrega de información falsa bajo la Ley de Delitos Económicos, y eventual delito de negociación incompatible.
