El ministro de Justicia planteó que esto es debido que en el resto del país no se vivió la situación, afirmando que "el único inconveniente que tuvimos fue en ese lugar preciso".
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La vocera de La Moneda dijo que "no puede ser ilegal algo que no se ha efectuado y que solamente está en etapa de estudio”.
La iniciativa está directamente relacionada con el empadronamiento previo que realizó el Ejecutivo -al que se acogieron más de 180.000 extranjeros-, ya que serían esas personas que se enrolaron de manera voluntaria los que podrían acceder al beneficio.
La medida considera a un total de 182 mil inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Chile.
La ministra del Interior defendió el proceso que anunció La Moneda al señalar que se necesita “que la casa en Chile esté en orden, que sepamos quién está en el país y quiénes están arraigados”.
La propuesta, mediante una modificación a la Carta Fundamental, apunta a "establecer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, los que tendrán carácter transitorio y en caso alguno podrán exceder los 6 meses de duración".
Los diputados gremialistas explican que la mañana de este viernes será ingresado un “téngase presente” ante el organismo, manifestando su oposición a la medida y solicitando que sea declarada inconstitucional.
Álvaro Bellolio aseguró que la propuesta manda el mensaje de que en Chile "el gobierno dice que 'si tú entras ilegal y trabajas sin autorización, igual te vamos a dar una visa', es un incentivo demasiado grande para venirse".
La portavoz del Ejecutivo negó que un procedimiento de este tipo incentive un "efecto llamada" a otros migrantes y puso como ejemplo los procesos de regularización en los gobiernos de Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Desde el Ejecutivo descartan que un procedimiento de estas características provoque un "efecto llamado", reconocen que en el empadronamiento previo hay casos de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados y ponen como ejemplo los procesos de regularización en el segundo mandato de Sebastián Piñera.
