Un asado que terminó en una huelga de hambre y cárceles que están divididas entre asociaciones son parte del paisaje de Gendarmería actualmente. El anuncio del gobierno de crear una nueva "fuerza de élite" de custodios que no deberán pertenecer a ninguna asociación puso en alerta a los gremios. Funcionarios, dirigentes y Justicia tienen un diagnóstico: la convivencia de ocho gremios afecta la correcta administración y control de las cárceles del país.
Decreto oficializa el nuevo de nombre del penal ahora conocido como Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
En tres visitas desarrolladas a fines de 2023, el Comité para la Prevención de la Tortura identificó que la población penal de la Sección de Máxima Seguridad del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) vive en condiciones que, a ratos, no cumplen con la normativa, lo que incluso podría ser considerado como hechos de tortura, además de conllevar un profundo impacto en la salud mental y física de los reclusos.
A casi un mes de que comenzaran los destrozos en el recinto especial ubicado en Avenida Pedro Montt, autoridades ya han dispuesto una serie de medidas administrativas. Hubo cambio de alcaide y de jefe de régimen interno, aunque funcionarios del penal aún demandan mejores condiciones. En paralelo, Gendarmería comenzó la semana las reparaciones y, desde el Congreso, tanto diputados como senadores activan acciones.
El 6 de junio se produjeron graves incidentes al interior del recinto penal que alberga a los reos más peligrosos que habitan el país. De esa fecha en adelante, los hechos violentos, que incluyen destrozos al mobiliario y amenazas de muerte a gendarmes, se han venido repitiendo día tras día. ¿Quiénes son los imputados que provocan los desórdenes?
César Pizarro Pizarro fue formalizado durante la jornada de este miércoles como presunto autor de las amenazas que afectaron en enero pasado al titular de Justicia, al director nacional de Gendarmería y a la exalcaide del la Cárcel de Alta Seguridad. Quedó con prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional, pero aunque hoy hace noticia por estos hechos, lleva bastante tiempo llamando la atención de funcionarios penitenciarios.
La medida, como explica el subsecretario de Justicia, es "excepcional" y responde a que un grupo de internos no ha depuesto un accionar refractario. “El objetivo que ellos tienen es inhabilitar esta cárcel para ser trasladados a cárceles con menores medidas de seguridad y eso no lo vamos a permitir”, dijo.
Entre otras cosas, los funcionarios advirtieron que los vidrios están rotos, las manillas de las duchas están inutilizables, que reclusos dañaron las estructuras de lavamanos para construir elementos contundentes, y que celdas se mantienen inundadas. Por lo mismo, pidieron la comparecencia del diputado Cristián Araya, quien ofició al Ministerio de Justicia.
Son 59 los reos que permanecen en el recinto penitenciario, donde son vigilados por 387 cámaras. El régimen de visitas fue cuestionado por el juez Urrutia, lo que abrió una discusión de fondo que se resolverá en la corte, la próxima semana.
El 4 de octubre pasado todos los internos del 1° piso de la cárcel de máxima seguridad iniciaron una serie de disturbios por la imposibilidad de recibir visitas. Se autolesionaron, generaron destrozos y algunos iniciaron una huelga de hambre. Por lo mismo, la alcaide del recinto dispuso una serie de sanciones disciplinarias. Sin embargo, tras una petición de los encausados por el homicidio del carabinero, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago les permitió que ingresen a la cárcel a visitarlos parientes con situación migratoria irregular.
