El directorio propuso aumentar el capital en $600 mil millones, cifra que equivale al 14% del capital social actual del banco. La propuesta se votará en una junta extraordinaria de accionistas el 21 de julio. La decisión ocurre un mes y medio después del llamado del Banco Central al sistema financiero a constituir un colchón de capital adicional para eventuales problemas financieros futuros.
“No creo que esto sea determinante en el tema de inversión. Creo que hay otros aspectos que son más relevantes que causan incertidumbre como es la discusión constitucional, y muy especialmente la situación de seguridad", agregó el presidente de Sofofa.
Además, pidió al TDLC que aplique multas por $162 millones a Juan Hurtado Vicuña, de $1.287 millones a Consorcio Financiera y de $ 1.852 millones a LarraínVial. En total las multas suman de $3.301 millones.
“El señor Büchi no es director ni ejecutivo relevante de empresas competidoras de Banco de Chile, y ciertamente tampoco lo es, en ningún caso, de otro banco", dijo la entidad bancaria en una declaración pública.
La empresa dijo que analizarán en detalle el requerimiento y que evaluarán las acciones a seguir.
El escrito fue presentado por el abogado y exembajador de Chile en EE.UU., Arturo Fermandois. Plantea que se han amparado usuarios que tienen recursos suficientes para cancelar sus cuentas y que sin embargo no están pagando el servicio. Acumulan en algunos casos millonarias deudas, de hasta $6 millones, por periodos que van de 12 a 30 meses, puntualiza la compañía.
La abogada Marisol Peña explicó que finalmente no fue la encargada de presentar y alegar la presentación del Ejecutivo por una razón técnica. "El encargo que me efectuó el gobierno fue preparar un documento relacionado con la modificación eventual a disposiciones permanentes de la Constitución, lo cual fue rechazado por la Cámara en su sesión del jueves pasado". De lo contrario, dice, ella sería quien estaría alegando ante el TC el requerimiento de La Moneda.
Organismo revisará el próximo miércoles 20 de mayo la solicitud de Chile Vamos que busca sacar de su cargo al parlamentario comunista.
El caso se da en el marco de una demanda presentada por la Dirección del Trabajo en contra de Clínica Dávila.
La solicitud fue presentada por la trabajadora de la atención primaria de salud municipal de Punta Arenas que busca retirar sus fondos de AFP Habitat.
En específico la medida busca declarar inconstitucional las modificaciones introducidas por el Senado a una de las partidas del Ministerio de Agricultura.
Asimismo el Tribunal Constitucional determinó mantener la suspensión del proceso que sigue en la Corte por el recurso presentado por una profesora.
Diputados oficialistas -que habrían conseguido respaldo de un DC- aseguran que ya cuentan con las 39 rúbricas necesarias para el requerimiento.
Esto luego de que la Contraloría decidiera, a comienzos de mes, no tomar razon del decreto promulgatorio de la iniciativa por considerar algunos artículos como inconstitucionales.
Los ministros -de sensibilidad conservadora- firmaron el voto en contra de la admisibilidad de la ofensiva de los senadores de Chile Vamos, según se interpretó al interior del organismo, para esperar el texto de los diputados que ingresará esta tarde. A pesar de la estrategia, el TC acogió a trámite la iniciativa y fijó ya un cronograma de tramitación que culminaría antes de fin de mes.
