Parte importante de las compañías asumió que informarse al respecto era una responsabilidad privativa de cada persona. Pero en otras, primó el convencimiento de que como la Constitución fija las reglas de convivencia en que están insertas, era parte de la responsabilidad social contribuir a que sus colaboradores y colaboradoras tuvieran la oportunidad de acceder a distintas miradas expertas y plantear dudas, sin afectar el derecho fundamental a tener su propia opinión.
