Si bien el mandatario estadounidense inicialmente se comprometió a restaurar el acceso al asilo que fue restringido por el expresidente Donald Trump, su Gobierno ha estado adoptando cada vez más prohibiciones, al estilo del exgobernante republicano. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles prometió recusar las medidas de Biden en los tribunales federales.
Según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, en lo que va de 2023, hasta el 23 de enero, se registraban 95 reclamos por problemas de acceso a lagos y playas. Si bien, desde hace dos años el dato anual venía fuertemente a la baja impactado por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, en 2022 ya hubo una leve alza. El retorno a la normalidad y la reactivación del turismo explican el incremento. El Biobío es la región con más denuncias, seguida de la de Coquimbo. Este año la autoridad apunta a elevar el número de fiscalizadores.
Las autoridades británicas han incidido en que esta medida es “cautelar y temporal”, y por el momento solo se impondrá en Inglaterra, si bien Downing Street está ahora en conversaciones con Gales, Escocia e Irlanda de Norte para implementar las mismas reglas allí, aunque no tengan vuelos directos con China.
Beijing pone fin a la política de "Covid cero ", lo que provoca un aumento de las reservas de vuelos fuera del país. Los funcionarios estadounidenses se negaron a detallar las políticas que el gobierno está considerando, pero señalaron a Japón y Malasia como posibles modelos de los tipos de medidas que podrían ponerse en marcha. El martes, el Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, declaró que el país exigirá a los viajeros procedentes de China un resultado negativo en la prueba Covid-19 a su llegada, debido a la rápida propagación del virus en ese país.
La medida, que entra en vigor el 8 de enero, forma parte de las últimas políticas en Beijing en miras a alivianar las restricciones a causa del Covid-19.
Muchos migrantes esperaban que la entrada a la nación estadounidense fuera más fácil tras la fecha límite del 21 de diciembre para que Estados Unidos levantara las restricciones de la era Covid-19, impuestas durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Pero, el Tribunal Supremo de ese país dictaminó esta semana que la ley, denominada Título 42, permanezca temporalmente en vigor.
Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho a solicitar asilo en 2,5 millones de ocasiones desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación de Covid-19, bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42, decretada durante el mandato del expresidente Donald Trump.
Sin embargo, los expertos advierten que las restricciones no se pueden levantar por completo hasta al menos mediados de 2023 porque millones de personas mayores aún deben vacunarse y el sistema de atención médica debe fortalecerse.
Aunque nueve de cada 10 chinos están vacunados, apenas el 66% de los mayores de 80 ha recibido una dosis. Algunos temen que millones de personas puedan morir si se levantaran las restricciones por completo.
Al igual que en muchos países del Golfo Pérsico, las mujeres usan velo y abaya. Van a la universidad y pueden trabajar. También conducen autos. Sin embargo, organismos de derechos humanos dicen que la brecha de género es aún muy amplia.
La relajación parcial de las normas del sector de la vivienda se produce mientras Beijing también intenta reducir el costo económico de los estrictos controles del Covid.
Ministerio de Salud aclara la obligatoriedad de esta medida a partir del 1 de octubre, fecha en que se termina el uso obligatorio de mascarillas y el pase de movilidad.
En el resto de los países de la región las limitaciones sobre la cantidad de personas que puede ingresar a lugares abiertos ya se eliminaron por completo.
Ante el alza considerable de contagios en diferentes partes del planeta, vuelve a surgir la discusión sobre el uso obligatorio del implemento sanitario, tanto en lugares cerrados como abiertos.
La empresa china, dueña del 23% de SQM, no puede designar a sus ejecutivos en el directorio de la chilena, un veto que concluye en 2022, pero que es renovable por otros dos años. El grupo pretende pedir a la Fiscalía Nacional Económica levantar esa y otras restricciones, y para ello cambió de abogados, contrató a la empresa de Enrique Correa y busca economistas para un estudio que fundamente sus peticiones.
