Los emisores de tarjetas de crédito están a la espera de que la CMF publique la versión final de la normativa que estuvo en consulta pública hasta diciembre de 2024, y que modifica el pago mínimo de tarjetas de crédito. La propuesta establece que el pago mínimo incluya un porcentaje de amortización del 5% del capital insoluto, con lo cual sería del 25% del monto facturado. Hoy, si bien varía entre cada institución, representa en promedio solo un 4% del monto facturado.
El presidente ejecutivo del gremio plantea medidas para combatir el crédito informal. Entre ellas, hacer ajustes a la Tasa Máxima Convencional (TMC), generar una alianza público-privado que sea coordinada desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y que el Sernac pueda ir más allá y no solo abarcar al comercio formal.
La CMF creó un grupo consultivo en diciembre de 2023, integrado por seis gremios y BancoEstado. El principal desacuerdo estuvo en el modo de coordinación de los grupos técnicos, donde finalmente los privados contrataron a un tercero, pero el Retail Financiero se excluyó de ese financiamiento. Ahora la CMF está haciendo rondas de reuniones. Y ya se juntó con las empresas del retail.
Tras la publicación de la iniciativa en el Diario Oficial, la CMF debe dictar la normativa de estándares mínimos de seguridad y registro, entre otras, mientras que los ministerios de Hacienda y Economía deben publicar el reglamento con los umbrales de restitución.
Los integrantes del foro de buenas prácticas en seguros de la Asociación de Retail Financiero se reunió este martes para analizar el estado de avance de las acciones implementadas por las corredoras y compañías de retail seguros para enfrentar la contingencia que se ha producido por los siniestros en la Región de Valparaíso.
La vicepresidenta del sindicato de la estatal, Loreto Pinto, sostuvo ante la Comisión de Hacienda del Senado que la ley en cuestión “viene a convertirse para nosotros dramáticamente en una catástrofe de nivel nacional”, pues los datos “hablan del autofraude más masivo en la historia del país”.
Aunque en diciembre se encuentra en 41,68%, durante 2023 la TMC se ha mantenido en promedio en 42,37%, muy por sobre años anteriores. De hecho, para 2022 promedio fue de 40,385%, pero hacia atrás era mucho menor: de 34,38% en 2021, 34,2% en 2020 y 34,7% en 2019.
El gran empresariado, la Asociación de Retail Financiero y la Cámara Nacional de Comercio expusieron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, instancia en la que se discute la iniciativa legal enviada este año por el Ejecutivo.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo que antes de opinar se tiene que revisar el detalle del proyecto. No obstante, valoró el hecho de que el Presidente Gabriel Boric haya hecho mención a que se recogieron los argumentos del Tribunal Constitucional que impugnó atribuciones del proyecto anterior.
Los problemas que veían en la reforma tributaria para el sector de momento quedaron fuera, tras el rechazo a la idea de legislar en la Cámara de Diputados, pero hay una serie de otras materias que aún deben resolverse, como las iniciativas de deuda consolidada y de datos personales.
El vicepresidente del gremio, Claudio Ortiz, sostiene además que el Comité encargado de la fijación de la tasa, debería ver una ampliación de su mandato para revisar todos los cobros asociados a las transacciones con tarjetas.
El doctor en economía y asesor internacional en regulación financiera, particularmente en materia de fintech y finanzas abiertas, Luis Madonado, elaboró un informe encargado por el Retail Financiero.
La comisión de Sistema de Justicia visó, en particular, una indicación para crear este organismo que reemplazaría al Sernac, y que tendría carácter autónomo, con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias. Desde la CNC creen que no debería tener la facultad de imponer sanciones. Los abogados también discrepan, pero por otros temas de fondo.
El gremio le pidió un reporte económico sobre esta indicación que se le hizo a la iniciativa de ley a Hermann González. Este concluye que incluso hay un potencial impacto macroeconómico de la medida: “De los más de 1,3 millones de empleos perdidos a la fecha, 50% se han destruido en sectores que pueden verse afectados por los efectos de esta moción parlamentaria”, argumenta. Da 8 argumentos para su rechazo.
Ortiz agregó que "la gran incógnita que tenemos es el comportamiento de la economía durante el segundo semestre. Con todo, esperamos un crecimiento del consumo en torno al 5% tras una caída de casi 5,5% el 2020. Es decir, en 2021 no alcanzaríamos a recuperar el nivel prepandemia".
