El secretario de Estado chileno afirmó, además, que "lo que plantea hoy el Canciller Pary en orden a que la Corte Internacional de Justicia emitió un "llamado" o "invocación" a negociar no es correcto"
Carlos Reyes P.
27 jun 2019 06:33 PM
El secretario de Estado chileno afirmó, además, que "lo que plantea hoy el Canciller Pary en orden a que la Corte Internacional de Justicia emitió un "llamado" o "invocación" a negociar no es correcto"
Con ello, las sedes diplomáticas de Caracas y Puerto Ordaz, no serán los únicos lugares donde los ciudadanos venezolanos podrán iniciar el proceso para obtener el documento que les permitirá residir en Chile, por al menos un año, con posibilidad de extender el plazo.
El nuevo titular de RR.EE. se refirió a la situación de Venezuela aunque aseguró que no se trata del único tema de su cartera.
Aunque la opinión de los parlamentarios no es vinculante para denunciar el tratado, la mayor parte de la oposición rechazó la propuesta del Presidente Sebastián Piñera con críticas al manejo de la política exterior.
El canciller señaló que la posición de Chile es "sólida y coherente" y que el río debe ser tratado como un río internacional.
"Es el momento en que Chile, retornando a su verdadera tradición de política exterior y recordando su propia reciente historia política, juegue un papel decisivo para que la comunidad latinoamericana e internacional salve el impasse y actúe decididamente en favor de una negociación política pacífica y democrática", expresaron los dirigentes de la instancia que ha sido crítica con la conducción internacional del gobierno del Presidente Piñera.
Miguel Pizarro, junto a los parlamentarios Carlos Paparoni -del partido Primero Justicia (PJ)- y Franco Casella y Winston Flores de Voluntad Popular (VP) podrían perder su inmunidad parlamentaria y con ello, ser procesados por la justicia venezolana.
El canciller señaló que el equipo chileno se reunirá el próximo 23 y 24 de mayo en Ginebra para analizar el documento que esta mañana presentó Bolivia ante la CIJ de La Haya.
Eduardo Rodríguez Veltzé aseguró que todas las autoridades de su país, como el Presidente Evo Morales, el gobierno, la cancillería y la Diremar, han tomado todos los "recaudos necesarios" para fortalecer la defensa de nuestra causa de las aguas del Silala ante la CIJ.
El texto es una respuesta a la réplica entregada el pasado 15 de febrero por Chile, en la que las autoridades defendieron que las tres contrademandas presentadas por Bolivia el año pasado deben ser rechazadas.
Roberto Ampuero justificó, en su cuenta pública, no adherir al acuerdo de Escazú, al pacto de Marrakech y el envío de una carta diplomática a la CIDH, justamente los temas que han generado críticas en la oposición y entre algunos excancilleres. "Asumimos posturas que, aunque en algunas ocasiones no sean del todo compartidas por grupos acotados, lo hacemos con la profunda convicción de que son beneficiosas para nuestro país", aseguró.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a las inquietudes manifestadas al sistema de protección del organismo: "El problema está en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está entrometiéndose en cosas que deberían ser parte del Estado chileno", aseguró.
Un día después de haber concurrido al Congreso para explicar la acción efectuada junto con Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, reiteró que "no se está respetando el principio de subsidiariedad".
El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, llegó hasta la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para explicar los motivos por los que Chile suscribió una carta junto a otros cuatro países en que manifestaba sus inquietudes al actual sistema de protección de la CIDH, misiva que fue criticada por los legisladores de oposición.
La iniciativa, que fue respaldada con 44 votos a favor y 32 en contra, rechazó el contenido de la misiva suscrita por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que esta acción "es contraria a la situación que está impulsando el gobierno con los otros estados", que a su juicio buscarían "respetar los fueros del Congreso".