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Uno de los nudos de la Reforma Procesal Penal es la alta cifra de imputados desconocidos en delitos contra la propiedad, un tema que se convirtió en el primer desafío para el nuevo fiscal nacional, en un problema para el gobierno y en la principal frustración de las víctimas. Detrás de los números rojos hay trabas que se arrastran desde hace mucho: falta de coordinación entre policías y fiscales, baja calidad en el contenido de los partes, urgencia de investigación criminal y mayor cuidado del sitio del suceso, donde las primeras diligencias son clave en el futuro de un caso.

Está en Aysén y la próxima semana viajará a la Región de Atacama, antes de que termine su gestión el 1 de diciembre.

¿Quiénes son, según la elite chilena, los más influyentes del país? En esta encuesta respondieron 340 personas de diferentes ámbitos del poder: parlamentarios, autoridades políticas, economistas, académicos, líderes de opinión, empresarios, abogados, representantes de ONG y centros de estudios. Llenaron un cuestionario en que no había nombres predeterminados: las respuestas fueron por mención espontánea. Este es el actual mapa de cómo se percibe el poder en Chile.

El ministro Sergio Muñoz lidera la lista, y es seguido por dos de los abogados que se tomaron la agenda pública: el fiscal nacional, Sabas Chahuán y Carlos Gajardo.

La invitación contiene fotografías que muestran tres etapas claves en la vida de Chahuán.

Jorge Abbott asume como el tercer fiscal nacional desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, entregando señales de que las investigaciones al corazón de la política no serán su prioridad. El combate a la delincuencia y el reposicionamiento del Ministerio Público marcarán un cambio de rumbo respecto de su antecesor.

Conocido como "la mano derecha" de Chahuán dado su actual cargo de director ejecutivo del Ministerio Público, su nominación tras el fracaso de Rajevic en el Congreso indicaría que la presidenta prefirió una política de continuidad en la fiscalía.

Cuando le queda poco para comunicar su decisión sobre el sucesor de Sabas Chahuán, la presidenta Bachelet se cruzó con los cinco candidatos propuestos por la Suprema en el aniversario 16 del Ministerio Público.

En medio del debate por las supuestas "inhabilidades" de senadores vinculados a investigaciones del Ministerio Público, varios legisladores oficialistas y de oposición iniciaron conversaciones con miras a buscar un acuerdo sobre uno de los nombres propuestos por Suprema para reemplazar a Chahuán.

Pese a las advertencias inoficiosas de La Moneda, la Corte Suprema incluyó como primera mayoría al fiscal que investigó el caso Caval, Luis Toledo, en la quina para que la presidenta Bachelet escoja al sucesor de Sabas Chahuán. Se trata de un escenario sorpresivo que podría marcar el destino del próximo fiscal nacional.

De los once candidatos a fiscal nacional, Vargas es uno de los seis abogados externos que participan del concurso. Con pocos lazos políticos pero con fuerte ascendencia entre juristas tanto de oposición como de la Nueva Mayoría, se presenta por segunda vez a dirigir el Ministerio Público.

Comisión de Probidad del Senado aprobó ayer una campaña legal de casi siete meses antes de una elección, pero quedó un debate pendiente: cómo se regulan las actividades anteriores a ese periodo. Aunque nadie lo mencionó, quieren evitar casos como el de Giorgio Martelli y su empresa Asesorías y Negocios, investigada por presunto financiamiento con platas de SQM de las actividades de los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, quienes, entre otros, trabajaron para allanarle el camino de retorno a la entonces ex presidenta Bachelet.

A la medianoche del miércoles se cumplió el plazo para presentar las postulaciones en la Corte Suprema de los candidatos a fiscal nacional para suceder a Sabas Chahuán.

El fiscal nacional aseguró estar "conforme" con la extensa declaración que tomó a Giorgio Martelli, la que concluyó hoy en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

El fiscal nacional señaló que la diligencia continuará mañana, y negó que la defensa del operador político haya solicitado que los persecutores Norambuena, Arias y Gajardo estuvieran ausentes.