Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fuerza a los religiosos a llevar a la justicia los casos de abusos a menores. De prosperar, los clérigos deberán informar estos hechos no solo a su superior canónico, sino también a la fiscalía. Y, además, se rechazó la propuesta que planteaba al "secreto de confesión o secreto profesional" como excepción. O sea, tendrían que denunciar sí o sí, ante todo evento. El debate quedó abierto.
