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Desde el 1 al 21 de agosto según datos de la SEC, el número de clientes de Saesa que sufrieron algún tipo de interrupción de servicio, fue de 168.601, considerando los peaks de cortes a nivel comunal.

CGE echó pie atrás y se sumó al Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) solicitado por el servicio. Eso sí, reiteró su negativa a asumir “la totalidad de la responsabilidad”en las interrupciones del suministro eléctrico. Saesa, en cambio, consideró “innecesario” hacerlo y afirmó que “estamos logrando compensaciones más expeditas y superiores a las legales”.

El Grupo Saesa anunció que haría rebajas en las cuentas que sería superiores a las legales. Sernac manifestó que esto no es suficiente, y que considera necesario iniciar una demanda colectiva.

"La boletas de todos nuestros clientes residenciales ya reflejan un descuento legal por horas sin electricidad y un descuento adicional, que supera lo establecido en la normativa", dijo la empresa en un comunicado.

“Esta compensación extraordinaria supera lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos y llegará a todos nuestros clientes residenciales afectados, sin considerar un mínimo de horas sin luz", dijo la empresa en un comunicado.

Desde el organismo fiscalizador indicaron que no se descarta la aplicación de nuevos cargos y sanciones para otras empresas distribuidoras.

Las distribuidoras han estado en el centro de los cuestionamientos luego que miles de clientes completen más de 3 días con su suministro eléctrico interrumpido, tras los inéditos temporales de viento que afectaron a la zona centro sur del país. El gobierno anunció multas por $ 4 mil millones a Enel, que sólo en 2023 desembolsó más de $23 mil millones en sanciones por infringir los derechos del consumidor.

Los recientes y masivos cortes de luz volvieron a poner en el centro de la discusión al sector de la distribución eléctrica, cuya legislación no ha cambiado materialmente en más de 40 años. Las empresas del sector empujan la necesidad de hacer cambios a la legislación, que les permitan desplegar las inversiones que mejoren la calidad de servicio. Mientras, el campo de acción se ve limitado a fiscalizar los planes anuales de las empresas. Unos que en 2024 reflejan una notoria dispersión: CGE gastaría este año el 53% del total que las empresas presentaron como planes de mantenimiento, pero Enel Distribución llegaría sólo al 14% del total.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informan que son más de 517 mil clientes que se encuentran sin suministro eléctrico.

Distribuidoras de energía del sur enviaron cartas a clientes para advertir que podrían cortar el suministro eléctrico en caso de altas temperaturas. La idea es evitar incendios forestales y que sus ejecutivos puedan ser perseguidos penalmente por sus eventuales responsabilidades en los siniestros.

Las empresas de distribución eléctrica Saesa y Frontel enviaron a clientes cartas en que explican que dadas las altas temperaturas y para evitar la posibilidad de incendios forestales en zonas vecinas a sus tendidos, optarán por cortar el suministro.

La compraventa y la consiguiente transferencia de las acciones está sometida a ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles,aplicó 17 sanciones contra las empresas eléctricas CGE, Enel, Saesa, Frontel y Luz Osorno.

Contrato con Saesa tendrá una duración de ocho años, comenzó a operar el 1 de agosto de 2020 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028. Este es por hasta 600 GWh/año, equivalente al 60% de la capacidad de una de las torres.

Coordinador Eléctrico adjudicó a estas empresas, además de Saesa y Chiquinta, un paquete de proyectos por US$570 millones.