El proyecto será analizado hoy por la Comisión de Trabajo del Senado. Fuentes del Ejecutivo confían en que su propuesta será bien recibida entre los parlamentarios de oposición.
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El Ejecutivo defiendió que la alternativa más viable para gestionar los recursos es que se licite a una entidad privada ya existente.
El análisis del Ministerio del Trabajo, en base a datos del Seguro de Cesantía, asegura que en 2018 hubo un aumento de 36.740 cotizantes trabajadores del sector comercio, lo que se contradice con los 15 mil empleos promedio perdidos que reportó la CNC.
Desde el Ministerio del Trabajo esperan firmar este documento la próxima semana, para que el proyecto sea aprobado antes de julio. Éste considera cuatro puntos: evitar el copago de la sala cuna por parte de la trabajadora, limitar a dos las fórmulas del beneficio, asegurar el subsidio en época de cesantía y flexibilizar los requisitos.
"Para evitar que los costos empresariales previsionales aumenten, y sabiendo que viene una reforma previsional que pega y pega fuerte; estamos planteando esta posibilidad", indicó Fernando Alvear.
La moción fue presentada por las senadoras Carolina Goic y Adriana Muñoz. Buscan eliminar burocracias para el cuidado de niños y niñas.
El ministro del Trabajo también dijo que tendrá la facultad administrativa de control, fiscalización y si es necesario aplicará sanciones.
El presidente de la CPC, Alfonso Swett, dijo espera que se avance hacia una disminución de la cotización del seguro de cesantía para compensar el alza en el costo de contratación que implica el financiamiento por parte del empleador. Mientras que el presidente de la CNC, Manuel Melero, hizo hincapié en revisar bien las implicancias que el proyecto pudiera tener para las empresas más pequeñas.
Una alternativa analizada es la reasignación de parte de la cotización del seguro de cesantía.
Titular de la instancia Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD) presentaron mociones que se anticipan al texto que enviará el Ejecutivo.
La fórmula de financiamiento, que ha tomado fuerza en el Ministerio del Trabajo, es idéntica a la que se propuso en la iniciativa legal que se envió durante la primera administración de Piñera. Costo anual estimado para ampliar la cobertura del beneficio a 100 mil niños es de US$358 millones.
De acuerdo a un estudio realizado por la Superintendencia de Educación, un 93% de los padres evaluó a los establecimientos de sus hijos con notas de 6 a 7, mientras que aquellos que lo evaluaron con nota deficiente indicaron que se debía mejorar la infraestructura y los planes educativos.
