El proceso, cuyo inicio estaba programado para mayo, se vio frustrado ante protestas. Ahora se citó a cuatro reuniones paralelas entre el 5 y 6 de noviembre, pero la Comunidad Atacameña de Socaire demanda un reconocimiento a su “particularidad territorial”, al considerarse como propietaria ancestral del territorio objeto del contrato entre la minera estatal y la privada.
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