El proceso tendrá cuatro sesiones esta semana, en el marco de la segunda ronda de reuniones, de las tres contempladas como mínimo. Sandra Cruz, presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire, calificó como “muy poco serio” el tiempo estipulado por Corfo para alcanzar los acuerdos.
El proceso, cuyo inicio estaba programado para mayo, se vio frustrado ante protestas. Ahora se citó a cuatro reuniones paralelas entre el 5 y 6 de noviembre, pero la Comunidad Atacameña de Socaire demanda un reconocimiento a su “particularidad territorial”, al considerarse como propietaria ancestral del territorio objeto del contrato entre la minera estatal y la privada.
La estadounidense Albemarle solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental una revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental de sus operaciones y las de SQM en el yacimiento, citando impactos ambientales significativos y la necesidad de estudios adicionales sobre la interacción entre la extracción de salmuera y el comportamiento del acuífero, así como el uso de tecnologías avanzadas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático.
En un recurso recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la comunidad busca dejar sin efecto el acuerdo entre ambas firmas para la explotación de litio en el Salar de Atacama
El presidente del directorio de Codelco dijo que el acuerdo evitó una licitación que habría causado una pausa en la producción y pérdida de ingresos para el país, y defendió la transparencia del proceso.
Uno de los principales accionistas de SQM criticó que el acuerdo se firmara antes de que la firma respondiera el oficio de la CMF, entre otros reparos. "Aún no constituye un acto jurídico definitivo ni válido", estimó.
SQM explicitó que la solicitud de Tianqi, que tiene el 22% de la propiedad, puede truncar el acuerdo. Todo depende de la decisión de la CMF. A ello se suman las consultas indígenas, que serán también una condición necesaria para materializar la alianza. Además, organismos de libre competencia de al menos 10 jurisdicciones, entre ellas China, deberán aprobar el acuerdo.
Desde que se anunció el acuerdo, las comunidades han reclamado incumplimientos a una instancia creada para recoger sus observaciones a la operación, e incluso mantuvieron bloqueados los accesos al Salar de Atacama en enero. Este martes, dieron una nueva muestra de poder de negociación, al obligar a reprogramar el inicio de la consulta indígena que lleva adelante Corfo. Sin embargo, confían en que sus demandas sean incluidas, tras la firma de la alianza, prevista para esta semana, en anexos o adendas.
Este martes se debía realizar la primera de las tres sesiones consideradas inicialmente para definir la planificación del proceso junto a las comunidades, pero una protesta encabezada por las comunidades del sur de salar truncó el hito. Corfo dijo que definirán “próximamente” las nuevas fechas para retomar el proceso.
Según se espera, esta vez no habrá una nueva prórroga, ya que los equipos avanzan en las negociaciones y no hay grandes trabas, salvo la revisión de borradores del memorándum de diciembre.
La minera chilena citó a una junta para el 24 de abril, pero no accedió a someter a votación el negocio, como pidió la empresa china, que controla el 22% de la propiedad. El grupo chino podría recurrir a tribunales y pedir la paralización del negocio, creen abogados que han seguido la operación.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las partes indicaron que "continúan el trabajo para intentar alcanzar unacuerdo total lo antes posible". Además, la minera privada comunicó la renuncia del director Xu Tieying,
Las comunidades atacameñas se sintieron pasadas a llevar con el anuncio de acuerdo por el litio de diciembre. Las dos empresas quieren revertir este mal inicio en su relación con los vecinos ancestrales del Salar de Atacama. Para eso están armando un contingente de expertos que los ayuden a vincularse y a desarrollar una narrativa acorde.
El economista Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, realizó un análisis en el cual cifra los beneficios para la minera privada en US$4.895 millones, si se considera el precio promedio histórico del litio, número que se eleva por sobre los US$6.000 millones en caso que valor del mineral promedie los US$20.000 la tonelada. El economista cree que “lo correcto era licitar al mejor postor la explotación del salar más allá del 2030”.
