El acuerdo, firmado el pasado 12 de febrero, busca generar una plataforma para fiscalizar a las empresas salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo, como la carga de antibióticos y la biomasa. Pero recién la noche de este martes los ejecutivos y asesores de las compañías conocieron la iniciativa. La molestia es evidente y algunos califican el “caso como grave y que rompe los códigos”. Mientras, la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer, calificó las respuestas de los gremios como una “sobrerreación”.
