Es altamente preocupante que a pesar de que desde hace tiempo se sabía que habría que ejecutar un desalojo, no se haya diseñado un plan para reubicar a las familias ni se contara con soluciones habitacionales. También queda en entredicho la capacidad del Estado para asegurar el derecho de propiedad.
Diego Pereira-Fonfach, representante de los dueños del terreno, tacha las gestiones del Gobierno como "deficientes", todo esto en la previa de la reunión que busca un acuerdo para evitar el desalojo de las 10 mil personas que habitan el terreno de 256 hectáreas.
Con el desalojo programado para el 27 de febrero, el Ministerio de Vivienda trabaja en la constitución de cooperativas habitacionales como alternativa para que las familias hagan una oferta de compra. El aporte inicial que hasta ahora podrían ofrecer los pobladores, sin embargo, dista de los 52 millones de dólares que inicialmente plantearon los dueños del terreno.
Desde la Subsecretaría de Servicio Sociales señalan que se ha trabajado en “entregar asistencia y, en los casos que sea necesario, poder derivarlas a los programas que llevan adelante diversos servicios públicos”.
El buque portacontenedores, que navega bajo bandera de Singapur, es “gemelo” del que enfrentó el accidente en Baltimore en marzo de 2024.
“Entendemos absolutamente la preocupación y por eso esperamos que esto se pueda resolver, pero si lamentablemente no se produce, los programas sociales están a disposición de poder apoyar a las personas”, señaló la ministra de Desarrollo Social.
La megatoma de San Antonio, que alberga a más de 11.000 personas, enfrenta una inminente orden de desalojo, mientras sus habitantes denuncian abandono estatal y buscan regularizar su situación. Datos oficiales y testimonios revelan la compleja realidad de esta comunidad autogestionada.
La orden fue decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual resolvió que este jueves 27 de febrero debe comenzar el desalojo “paulatino y responsable” de la toma.
El alcalde Omar Vera sostiene que "hay un punto que aún separa a las partes de un acuerdo y es el valor del metro cuadrado del terreno”.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio es dueña del terreno desde 1997. El plan original era que el terreno fuera expropiado por el MOP para la construcción de un acceso a la comuna. Sin embargo, desde 2019 una gran cantidad de personas llegó a vivir al predio. La dirigenta de la Coordinadora V Costa de San Antonio, aseguró que ella, junto a otros habitantes de la toma llegaron al lugar "con el permiso del representante legal del dueño".
Omar Vera espera que el Ministerio de Vivienda y los propietarios del terreno lleguen a una solución para evitar el mandato de la Corte de Apelaciones, que está programado para el 27 de febrero. "Esperamos que haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento", señaló.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
"Nosotros esperamos que el lunes entre los propietarios y los organismos de gobierno, también el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino", puntualizó el ministro de Vivienda.
La mujer fue captada por las cámaras de vigilancia mientras le hacía entrega de la droga a uno de los internos.
