El Comité de Ministros deliberó hoy respecto a dos proyectos: “Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria” y “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21″, en ambas manteniendo la calificación ambiental favorable.
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El socio del bufete Moreno, Sáez y Aviles Abogados, expone cinco argumentos para admitir la solicitud presentada por la norteamericana, que supone una verdadera batalla ambiental entre las únicas dos empresas que producen litio en Chile.
Luego que la estadounidense pidiera al SEA revisar los permisos de ambas empresas, tras detectar una variación sustantiva del nivel freático del agua del acuífero, la minera ligada al grupo Pampa respondió solicitando declarar inadmisible el recurso. En un escrito, advirtió que hay procesos sancionatorios en curso contra ambas empresas por parte de la SMA, y descartó que Albemarle tenga la calidad de “directamente afectado” para gatillar el proceso de revisión de la RCA.
Este considera una potencia de 240 MW, con la instalación de 30 aerogeneradores. Además contará con un sistema de almacenamiento de energía de 300 MWh.
Uno de los cambios que incorporó el proyecto con su primera Adenda es un cambio en la extensión de la línea, que ahora llegará a los 1.346 kilómetros entre la Región Metropolitana y la Región de Antofagasta, cuatro kilómetros más que la original.
La dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes publicó el primer Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) del proyecto de la empresa HNH Energy.
Siguen los problemas en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La directora regional en Biobío citó al abogado Simón Sánchez para declarar en un sumario por filtración de documentos internos, en medio de un ambiente laboral tenso, marcado, describió, por denuncias de acoso y maltrato hacia su jefe, Juan Cristóbal Moscoso, y una serie de demandas contra la administración del organismo por un clima “hostil y violento.”
La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó esta mañana en votación dividida el proyecto de inversión vinculado a la familia Lería en Puchuncaví, Región de Valparaíso.
Valentina Durán atribuyó a una diferencia de “opinión técnica” el desencuentro y calificó la decisión del ahora exdirector del SEA de Antofagasta como “debatible”. “Este es un proyecto cuya evaluación se pudo permitir que continuara”, aseguró la abogada, quien valoró que los senadores que tramitan el proyecto para reformar la entidad ya aprobaran la creación de un recurso jurídico que pudo haber evitado el polémico episodio.
En los primeros nueve meses de 2024, la inversión aprobada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sumó US$12.464 millones. Los proyectos más grandes corresponden a energía fotovoltaica y eólica, encabezados por el Parque Híbrido Pampas.
"Tengamos entonces esperanza, esa capacidad de sentir confianza, ilusión y optimismo, que nos permita movilizarnos por nuestro país y no paralizarnos".
La autoridad ambiental declaró el término anticipado del proyecto de Compañía Minera del Pacífico (CMP) para la continuidad operacional de la Mina Los Colorados, argumentando que su estudio carecía de información esencial. El proyecto siguió el mismo camino que Colbún. Pero en la filial de CAP dicen que reingresarán la iniciativa al sistema de evaluación.
La ONG sostuvo que el hecho de que la decisión de remover al director regional del SEA se tomara un día después de que la empresa energética anunciara la suspensión del proyecto “genera, al menos, interrogantes sobre la influencia de las empresas y de las inversiones de capital en los procesos de toma de decisiones, tanto del SEA como de otros organismos del Estado”.
Hace un mes, Colbún solicitó por segunda vez la suspensión de la evaluación ambiental del Parque Eólico Junquillos, en la Región del Bio Bio, esta vez hasta febrero de 2025, debido al lento avance de la consulta indígena. A solo un día de que venciera la prórroga anterior, la compañía informó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que aún necesitaba más tiempo. Este proyecto, que tendrá una capacidad de 472 MW, enfrenta resistencias de las comunidades locales por posibles impactos ambientales y culturales.
José Ignacio Escobar, al mando de Colbún desde 2022, explica por qué la empresa decidió suspender un proyecto de US$ 1.400 millones en Taltal y por qué ocasionó tanta sorpresa la decisión del Servicio Ambiental de Antofagasta de terminar anticipadamente su tramitación. “Básicamente, no nos dejan entrar a la cancha a jugar”, resume. Pide certezas técnicas y políticas y detalla las únicas dos opciones que existen: “O no reingresar nunca más o reingresar. No hay muchas más herramientas”.
