El informe del organismo fiscalizador detalla diversos problemas en el mencionado sistema, cuyo costo al gobierno fue de más de $5.600 millones, y que solo diez recintos lo utilizan en el país.
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La iniciativa comenzó su diseño a fines de diciembre pasado, por instrucción del ministro Jaime Gajardo. Se identificaron recintos donde ocurrieron mayor número de episodios para, entre otras gestiones, disponer de más insumos para la clasificación y segmentación de la población penal. "Este es un desafío particularmente complejo y difícil", sostuvo el secretario de Estado.
La institución desplegó más de 8 mil funcionarios al interior de 77 recintos penitenciarios en las 16 regiones del país. Se incautaron 928 teléfonos celulares, 744 litros de licor artesanal, 1 kilo y 300 gramos de sustancias ilícitas y 2.943 armas blancas.
Víctor Provoste renunció formalmente a la institución durante la jornada de ayer martes, aunque aún hay una serie de dudas en torno a la determinación. Formalmente se indicó que habría errores procedimentales que no respetó, aunque desde el entorno de ya exfuncionario aseguran que sería una suerte de "venganza" del director nacional.
Tras confirmarse su renuncia al cargo en medio de una denuncia por irregularidades en el traslado de dos internos de Santiago 1, Víctor Provoste envió una carta al director Sebastián Urra asegurando que éste carece del liderazgo necesario para llevar adelante a la institución.
Bajo ese escenario, el director de la institución, Sebastián Urra, señaló que junto con el Ministerio de Justicia “se definió un Plan de Infraestructura Carcelaria que implica diversas acciones para ir generando nuevas plazas”.
Sujetos que aún no han sido identificados que se trasladaron hasta la Cárcel de Alta Seguridad, lanzaron panfletos donde advirtieron: “Si la justicia 'legal' no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”. Junto a ello, además, estamparon los rostros de las autoridades junto a pistolas. La situación generó que el equipo del secretario de Estado determinara aumentar su contingente de seguridad.
El Ministerio de Justicia y Gendarmería suscribieron un compromiso para aplicar a nivel nacional el denominado Protocolo Trans, bajo el cual se busca proteger cabalmente los derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas en contexto penitenciario.
