Esta semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, en primer trámite, que obliga a sacerdotes y autoridades religiosas a acudir a la justicia cuando tengan conocimiento de delitos contra menores. Sin embargo, la indicación que los eximía en caso de que se enteraran de las denuncias bajo secreto de confesión fue rechazada. Integrantes de la Conferencia Episcopal dicen que esto no se puede transgredir.
