El debate para aprobar el proyecto será más largo de lo que querría el gobierno, dijo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
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La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, comprometió un plazo de dos semanas para que la Comisión escuche las opiniones de expertos, antes de ingresar indicaciones.
El sector, representado por el Consejo Minero en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, propuso que la DGA sea el único organismo determinado para ello.
Entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2018 ingresaron a tramitación ambiental iniciativas por un monto total de US$3.205 millones. Mientras en igual periodo del año en curso, la cifra se disparó a US$7.351 millones.
No solo las reformas prioritarias están bajo la atenta mirada de los gremios, ya que hay varias iniciativas que permanecen en distintos niveles de trámite legislativo en Valparaíso que mantienen preocupados a los privados. Hay algunas a punto de salir, como la de responsabilidad por clonación que tiene en vilo a los bancos, y otras que llevan años como la de glaciares, que no deja de inquietar a la minería. La de protección de datos, en tanto, es esperada con ansias por el comercio.
Expertos plantearon que el tiempo ahorrado en trámites podría perderse si este proceso, finalmente, es obligatorio.
La nueva ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, deberá enfrentar las diferencias en la comisión que ve el proyecto en la Cámara de Diputados. Parlamentarios ya adelantan una tramitación difícil.
Las cifras del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental demuestran que estamos en presencia de una autoridad sobrepasada. Los expedientes de fiscalización disminuyen año a año.De los 21.927 expedientes de Fiscalización actualmente existentes, sólo 733 han derivado en procedimientos administrativos sancionatorios.
La propuesta plantea la obligación de que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se sometan a un proceso de consulta ciudadana anticipada, previo a su ingreso al SEIA.
De acuerdo a un informe del gremio, en el periodo ingresaron 181 proyectos a tramitación ambiental, cifra que sigue distante al promedio registrado en el periodo 2009-2018, ascedentes a la entrada de 241 iniciativas trimestrales. La inversión asociada también es más baja que la media histórica.
Según la ministra, las comunidades deben tener la facultad de decidir si un proyecto, cumpliendo o no con lo técnico, es deseable en su zona. Sobre la salida del subsecretario Rodrigo Benítez prefiere no opinar, pero asegura que la agenda del ministerio sigue adelante.
Si el gobierno logra moverse en esa dirección, modificar el sistema de aprobación de proyectos para los próximos 10 años, con la agilidad y control necesarios, puede transformarse en un aspecto clave del legado de la administración Piñera.
