Los parlamentarios afirman que todavía no se define nada, pero el objetivo es avanzar en renta básica universal con un monto que se acerque al de la línea de la pobreza. Esto aumentaría el costo en cerca de 40% cada mes, hasta unos US$2.900 millones cada mes. Además, afirman que la extensión no debe ser hasta junio, sino que hasta agosto o septiembre.
Los parlamentarios afirmaron, además, que la propuesta anunciada por el Mandatario no representa “ningún cambio sustantivo” respecto de lo ya aprobado por el Parlamento el pasado viernes. Además, insistieron en que el Ejecutivo se desista de su recurso ante el Tribunal Constitucional.
Los senadores pidieron respuesta acerca de la inclusión de medidas que conllevan mayor gasto en 2021 y en los años próximos, respecto de su financiamiento y, si los mayores recursos que involucran estas medidas, están en el Informe de Finanzas Públicas presentado.
En tanto, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe se mostró conforme con las modificaciones y aseguró que su partido respaldará el proyecto.
La actividad presidencial estaba programada originalmente para las 2 de la tarde y ahora se está a la espera de si los anuncios sobre las indicaciones al proyecto finalmente se concretarán hoy.
Aunque el gobierno respaldó el que los parlamentarios reciban la dosis, la inoculación del senador Juan Ignacio Latorre (42) encendió el debate. Desde la mesa de la Cámara de Diputados aseguran que no cuentan con un registro de quiénes han recibido una vacuna. Dentro de los partidos tampoco hay claridad. En medio de la incertidumbre, al menos cinco asesores legislativos ya han recibido una primera dosis.
Comisión de Ética acordó medidas disciplinarias que serán aplicadas a legisladores que se ausenten de forma prolongada de alguna sesión o no cumplan con sus deberes de votar o dar informe a la sala, por participar en programas de televisión o radio.
Poco a poco los senadores están perfilando un criterio frente a este proyecto, cuya tramitación hace un mes se veía lejana. Hoy, cuando ya se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Constitución de la Cámara, varios miembros del Senado reconocen que no es lo óptimo, que produce un daño a las pensiones futuras, pero igualmente tienen presente la precaria situación de las familias que no han recuperado ingresos o han perdido el empleo.
Este lunes parte la segunda etapa de la discusión del Presupuesto para el próximo año con varias partidas pendientes, y con el conglomerado opositor unido para rechazar los recortes y las asignaciones que les generan duda.
La iniciativa tiene como objetivo ampliar la aplicación de la ley actual, que caduca el 8 de noviembre, hasta abril del próximo año. Además, extender los meses de prorrateo de los clientes morosos a 36 meses.
Alfonso De Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (independiente) realizaron la declaración tras registrarse esta jornada un nuevo punto muerto en la mesa técnica que analiza el tema.
Entre los requisitos para acceder a la Pensión Universal proponen acreditar una residencia mínima de 20 años para acceder a beneficios del Estado y de 40 años (continuos o discontinuos) en territorio chileno y vivir en el país al momento de jubilar para acceder a la pensión universal completa.
Desde hace casi un mes, todos los sábados, los cinco senadores de La Araucanía, se reúnen por zoom para acercar posiciones, romper las desconfianzas e intentar alcanzar acuerdos en torno a una propuesta de solución al extenso conflicto que afecta a la región.
Recalcaron que una mejoría en las cifras de actividad no implican una recuperación para el próximo año.
Tras las últimas mejoras que se hicieron, se estableció, que el monto final de este pago del IFE estaría condicionado a cómo evolucionará la situación de la pandemia, y es en ese sentido que se procedería a definir si la cobertura sería al 80% o si se mantendría al 100%.
