El ingeniero comercial y designado consejero por la Cámara de Diputados en 2019 respalda la gestión del exdirector Sergio Micco a pesar de los cuestionamientos que han expresado sus pares. A su juicio, las críticas en contra del abogado DC "han sido un poquito sobredimensionadas". "El instituto está llamado a perseguir las violaciones a los derechos humanos de los que se tenga antecedentes. No está llamado a hacer una acción política", dice.
La nueva consejera -quien encabezó la petición de renuncia de Sergio Micco- aseguró que durante su administración "hubo mucha negligencia, se debió tener un rol mucho más enérgico" tras el estallido social. Adelantó, además, que pedirán a las unidades especializadas del organismo que vuelvan a analizar los antecedentes para que el consejo pleno pueda revaluar nuevas querellas por violaciones a los derechos humanos tras el 18-O.
Los parlamentarios gremialistas Cristián Labbé y Daniel Lilayu advirtieron que la salida de Sergio Micco, renunciado director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “convertirá al organismo en el brazo armado del Gobierno por los siguientes cuatro años”, afirmando, además, que perseguirá judicialmente "a las instituciones policiales y a las FF.AA. que sostuvieron nuestra democracia durante las violentas manifestaciones de octubre de 2019″.
Este lunes se llevó a cabo la sesión del consejo que estaría marcada por el frustrado arribo al organismo del historiador mapuche Fernando Pairican, quien no podrá asumir por no cumplir con uno de los requisitos que no fue previsto por el Gobierno. En la instancia, pese a que los detractores de Micco ya no contaban con el voto que les daba la mayoría, el abogado DC declinó hacer un punto político y confirmó su dimisión. El Ministerio de Justicia, en tanto, busca un reemplazo para la trunca nominación del académico de la UC.
Una agitada jornada se prevé en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A las 15:00 horas los consejeros sostendrán una reunión, la primera después de que su director Sergio Micco anunciara que renunciaría a petición de seis de los integrantes, incluidos las cuatro nuevas incorporaciones. El problema es que uno de ellos, Fernando Pairican, no asumirá tras un error en su nominación por parte del Gobierno. Con este rebaraje de fuerzas, los detractores de la actual administración perdieron mayoría y ahora está en suspenso la dimisión del abogado democratacristiano, quien termina su periodo el 29 de julio.
A través de un mensaje a los funcionarios de la entidad, el director del organismo anunció su dimisión. Pero ese no es el único nudo a resolver, puesto que también se sumó la dificultad que está enfrentando el gobierno para concretar el nombramiento del consejero Fernando Pairican, historiador mapuche designado por el Ejecutivo.
De acuerdo con lo expuesto en una carta por los integrantes del organismo Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Fernando Ugás y Yerko Ljubetic, se requiere un nuevo liderazgo que sea capaz de recomponer la confianza con distintos actores, incluidos los trabajadores de la propia entidad.
Para esta tarde está programada la tradicional sesión del consejo del organismo, pero esta vez el equilibrio será diferente al de los últimos tres años. Con la incorporación de los nuevos representantes, la balanza se inclina en favor de las denominadas fuerzas progresistas. Son ellos quienes, en privado y de forma pública, han planteado la necesidad de la salida anticipada del actual director, lo que agitaría aún más las aguas de la fragmentada entidad.
El próximo lunes 4 de julio es el último consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se realizará con sus integrantes actuales. Tras ello, asumirán funciones los nuevos consejeros: Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Francisco Ugás y Fernando Pairican, con lo que se espera que el organismo marque un giro en sus lineamientos.
El organismo señaló que el municipio les hizo ver que "no podía garantizar la seguridad" de Sergio Micco en el evento. La entidad emitió un comunicado advirtiendo que "comienza a primar una cultura de la cancelación por motivos ideológicos”. El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, cuestionó el comunicado del INDH, y aseguró que Micco "ha buscado una exposición a través de la victimización".
“Desde el primer día de la toma optamos por la vía del diálogo para destrabar esta situación. Sin embargo, los innumerables esfuerzos no tuvieron una respuesta positiva por parte de los ocupantes”, señaló el director del organismo tras realizar la solicitud. La delegada Constanza Martínez (CS) debería concretarlo antes del 5 de abril, fecha tope que estableció la Contraloría.
Durante esta tarde se filtró un oficio donde Sergio Micco solicitaba el "auxilio de la fuerza pública" para recuperar los inmuebles que se encuentran tomados hace más de ocho meses. Desde el organismo aseguraron que el documento "fue despachado sin que existiera la instrucción de realizarlo" y se solicitó dejarlo sin efecto.
El ente fiscalizador emitió un dictamen en que obliga a los representantes del organismo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal del edificio. "Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble", se lee en el documento. Consejeros de la instancia comentan que la única opción para el presidente de la entidad, Sergio Micco, es pedir una orden de desalojo, ya que la vía del diálogo fracasó.
El director del Instituto Nacional de DD.HH. cuestiona la falta de reconocimiento del Estado ante las consecuencias del estallido social. Además, critica las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2022, que aluden a la reparación monetaria de las víctimas de abusos por parte de agentes policiales y militares.
En el encuentro se abordaron los dichos del secretario de Estado, quien en entrevista con La Tercera, aseguró que sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social por agentes del Estado aún está pendiente la sentencia de la justicia.
