Las postulaciones para ambos cargos ya cerraron, con un total de 17 aspirantes al cargo de Ángela Vivanco y 13 al de Sergio Muñoz.
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El Ministerio Público determinó que los hechos por los que se denunció a Graciel Muñoz Tapia, de "faltar a la verdad" en el proceso en que estaba teletrabajando desde Europa, durante la pandemia, no constituyen hechos delictivos. Eso, pese a que las primeras diligencias lograron determinar que la jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago sí se ausentó del país y trabajó desde el Viejo Continente.
En su fallo, el Tribunal Constitucional solicitó al máximo tribunal conservar y resguardar el informe final de la comisión emitido en virtud de la investigación seguida en contra del destituido juez.
El máximo tribunal dio la razón a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en primera instancia declaró inadmisible el recurso presentado por la abogada Ana María Watkins, que buscaba dejar sin efecto la aprobación de la acusación constitucional en el Senado.
Tribunal Constitucional encontró "defectos de forma" en la presentación y dio un plazo de tres días para subsanarlos.
El exjuez recurrió al Tribunal Constitucional (TC), en paralelo a las acciones judiciales emprendidas luego de que la Corte Suprema negara entregar los antecedentes recabados por la Comisión de Ética del máximo tribunal. Mientras se tramite aquello, la defensa de Muñoz pide que se suspenda la tramitación de la causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Al igual que el exjuez Sergio Muñoz, la otrora ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó acceder al informe que llevaba en su contra la Comisión de Ética del máximo tribunal. Sin embargo, el pleno de esa instancia se lo negó con el voto favorable de Muñoz, quien estuvo a favor de rechazar que la exjueza accediera a su expediente.
El tribunal de alzada determinó que la Sexta Sala deberá revisar si acoge la orden de no innovar, la que establece que mientras se revise el recurso de protección presentado por el exmagistrado, no se podrán destruir los antecedentes que tiene el máximo tribunal en la Comisión de Ética que lo investigó, lo que según lo establecido sería en un plazo de tres meses.
El exmagistrado, a casi un mes de haber sido acusado constitucionalmente, aseguró que sus otrora colegas actuaron irregularmente al negarle el acceso al informe de la Comisión de Ética que analizó una denuncia en su contra. Una de las principales peticiones es que el máximo tribunal no destruya los documentos de esa indagatoria, tal y como lo plantea el auto acordado que la regula.
El director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica fue uno de los invitados a exponer en medio de las jornadas de reflexión que realizó la Corte Suprema, donde se analizó la reforma al sistema de nombramientos. Tras ello, el profesional asegura que los ministros tienen amplia disposición a generar mejoras y que, hasta ahora, han actuado con rapidez ante casos de irregularidades. Pese a ello, el profesional apunta a la necesidad de generar una serie de modificaciones.
"Yo siempre espero que los mecanismos institucionales no se utilicen por ese tipo de objetivos", mencionó el recientemente asumido ministro de Justicia sobre las acusaciones de algunos sectores de que la salida del supremo se debería a una "revancha política".
La jueza que indagó el fraude en el Ejército no fue considerada por el Pleno en su propuesta de cinco nombres para que defina el Ejecutivo.
La petición del magistrado se analizó el pasado viernes 25 de octubre, en medio de las jornadas de reflexión que protagonizaron los titulares del máximo tribunal. Se ponderaron su conocimiento en la materia y "dificultades" que enfrentaba en la Segunda Sala.
Recursos ante cortes de apelaciones y requerimientos en organismos internacionales son parte de los caminos que evalúan los removidos abogados y otrora compañeros en la Tercera Sala.
Esta es la segunda acción judicial que busca declarar improcedente la acusación constitucional contra Muñoz, que terminó marcando su salida de la Corte Suprema. Tal como en la anterior, presentada la semana pasada, se cuestiona que el libelo haya sido fusionado con el de la removida suprema Ángela Vivanco.
