El Servicio de Impuestos Internos (SII) detalló la estrategia de fiscalización que desarrollará a partir de la información que reciba de instituciones financieras sobre más de 50 transferencias a una misma cuenta de personas distintas en un mes, o más de 100 en 6 meses.
El Servicio de Impuestos Internos informó sobre los detalles a considerar por parte de emprendimientos que gestionan, por ejemplo, ventas a través de Internet.
A esta medida, adoptada tras los siniestros en la Región de Valparaíso y que comenzó a regir el 1 de julio con vigencia hasta el 31 de enero de 2025, pueden optar todas las empresas del régimen propyme general y del parcialmente integrado que cuenten con saldos de utilidades tributables acumuladas al 31 de diciembre de 2023 que se encuentren pendientes de tributación.
El 11 de octubre recién pasado el Servicio Civil envió la lista final de postulantes para el cargo al mandatario. Desde esa fecha, este tiene 90 días hábiles para su decisión.
Uno de ellos es la obligación para las instituciones bancarias para entregar información sobre transacciones que involucran más de 50 abonos de personas distintas, a un mismo contribuyente, dentro de un mes, o de 100 abonos en 6 meses, informando el monto agregado abonado.
En un comunicado interno se informó que el director del Servicio decidió solicitar la renuncia a los subdirectores de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios, André Magnere, y de Avaluaciones, María Alicia Muñoz, quienes permanecerán en funciones hasta el viernes 4 de octubre.
El funcionario que tomó el lugar de Hernán Frigolett tendrá que seguir como director subrogante de ese servicio.
El salario de Javier Etcheberry supera al del Superintendente de Pensiones y el de los titulares de Aduanas, la Fiscalía Nacional Económica y el TDLC.
Para el exdirector del SII las declaraciones de Javier Etcheberry no son una “quitada” de piso a su trabajo, y por lo mismo afirma que está de acuerdo con la idea de socializar las cifras que arrojó el informe. No obstante descarta formar una mesa de trabajo con expertos para volver a estimar la evasión. Esto, porque a su juicio, no hay suficientes especialistas que sepan cómo calcular la evasión.
Los especialistas afirman que se debe establecer una comisión similar a la que se creó para revisar las exenciones tributarias o la que recientemente lideró Manuel Marfán, que revisó el impacto de las medidas procrecimiento en la recaudación tributaria.
Según detalló el Servicios de Impuestos Internos, solo en 2023 se detectaron 14.673 emisores agresivos y 56.729 receptores de estos documentos falsos, los que representan un 1,67% del total de emisores y un 0,45% del total de receptores de documentos tributarios electrónicos.
En términos monetarios, se retuvieron $4.390 millones por esta causa, correspondientes a retenciones de pensiones de alimentos de 23.971 casos dentro del Registro Nacional de Deudores.
“Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban con una alta facturación. $ 6.300 millones en tres meses... Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido. Sin que el servicio reaccionara”, expuso esta semana la exdirectora metropolitana del SII, Silvia León, ante la comisión investigadora que preside la diputada Musante.
Para el exdirector del SII y actual asesor de ese organismo, "el CEP no hizo una estimación de evasión. Lo que hicieron fue tomar nuestro estudio, adivinar qué errores se cometieron sin preguntarnos y aplicar ajustes que supuestamente corrigen los supuestos errores, usando la metodología del 'supongamos que'”.
La minera privada advirtió que revisará el tratamiento contable de sus reclamaciones que mantiene ante la Justicia, tras un fallo adverso en el marco de la disputa que mantiene con la autoridad tributaria en torno al pago del impuesto específico a la actividad minera por el litio. Pese a ello, no ve un impacto “significativo” en su flujo de caja, ya que ha enterado cerca de US$ 1.000 millones en las arcas fiscales.
