El servicio trabaja con jóvenes de Valparaíso a Magallanes y la Antártica Chilena, además de realizar el traspaso al nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que debería concluir en 2026 con las regiones Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso.
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El próximo 13 de enero el cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename) comenzará su cese de operaciones entre la Región de Arica y Parinacota a la de Coquimbo. El proceso, que concluirá el 2026 a nivel nacional, dará paso al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dejando atrás a un alicaído organismo. Esta es la historia de una institución marcada por falencias, deudas sociales y centenares de muertes.
Tras adelantar su salida del Ministerio Público, el fiscal Marcos Emilfork aborda por primera vez la polémica por el análisis policial que se hizo en las residencias del Sename y asegura que no sabe si alguien lo ocultó. Habla de la relación con Jorge Abbott y cómo en algunos periodos no se sintió valorado.
Ministros se desplegaron el martes en el Congreso para exponer sus prioridades legislativas y buscar acuerdos.
El mismo día que asumirá como jefe de Estado, Sebastián Piñera asistirá -en la tarde- al centro Fundación Padre Semería, donde realizará su primer gran anuncio en materia de Infancia. Durante los próximos días, incluso ingresaría indicaciones a los proyectos que ya están en el Congreso.
El próximo 4 de febrero, médicos colegiados llegarán al Hospital Exequiel González Cortés para entregar atenciones a 70 niños y niñas del Sename.
Anteriores autoridades del servicio enfatizaron en la ausencia de condiciones adecuadas en recintos. Organismos colaboradores valoran propuesta, aunque cuestionan que se aplique vía reglamento.
El documento establece cambios radicales a estos recintos. Sin embargo, desde el servicio indican que aún restan instancias para llevarlo a consulta pública.
Centro de Estudios Públicos UC señala que se debe subir de $ 262 mil a $ 800 mil la subvención por niño entregada por el Estado a las residencias del Sename.
El artículo data de 1975 y faculta al gobierno a sacar personas del país "por alterar el orden social". Este año, a través de dos fallos, el Poder Judicial ha revertido estas decisiones administrativas.
