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Felipe Sánchez presentó una querella donde asegura que el representante del primer inmueble que intentó adquirir la Municipalidad de Santiago, proporcionó información falsa que posteriormente fue usada de base para las denuncias ingresadas. Asimismo, advirtió que el parlamentario del Partido Republicano mintió al decir que es abogado y presentó comparaciones equivocadas, por lo que acusa a ambos de obstrucción a la investigación. Si bien inicialmente el 7° Juzgado de Santiago declaró inadmisible la acción, tras apelar los antecedentes fueron elevados a la Corte Suprema.

La jefa comunal debió enfrentar durante cuatro horas el interrogatorio del fiscal Patricio Cooper. Ahí aseguró que la idea de ella era proveer a la comuna de un Cesfam y que delegó los estudios de la compra en su entonces jefe jurídico y en el secretario de Planificación cercano al PPD. Consultada si no le llamó la atención la suma de $ 8 mil millones, expresó que siempre decidió ser asesorada en esas materias y creer en lo que le decían sus equipos.

A través de un correo enviado el 7 de octubre de 2022, la hoy exfuncionaria de la Corporación para el Desarrollo de Santiago, Loreto Fernández, entregó información a ambos funcionarios municipales con datos de los profesionales.

La alcaldesa "entregará antecedentes donde se incluirá, incluso, la demanda por nulidad del contrato de compraventa de la compra de la clínica que se ingresó hoy", dijo su abogado, Miguel Schurmann.

El 27 de abril, Felipe Sánchez declaró por más de 10 horas ante dos efectivos de la PDI, asegurando que, en todo momento, el municipio intentó apurar la compra. Incluso, remarcó que "le llamó la atención" que la alcaldesa Irací Hassler (PC), anunciara que querían comprar la clínica antes de tener acuerdo sobre el precio.

La decisión se habría concretado este lunes 3 de julio, luego de que durante el fin de semana se diera a conocer que la funcionaria de la Cordesan administraba un grupo de WhatsApp con los tres tasadores encargados de evaluar el inmueble en Sierra Bella que sería destinado a un nuevo Cesfam.

Loreto Fernández Albornoz se sumó al extenso reparto de actores claves en el caso en que se indaga la frustrada compra de la exclínica por parte de la administración de Irací Hassler (PC). La funcionaria de la Corporación para el Desarrollo de la comuna, según declararon los profesionales que evaluaron el inmueble, les dijo que ella los contactaba en nombre del municipio, organizando el depósito de los honorarios y también armando un grupo de WhatsApp para coordinar los informes técnicos. Quien fuera su superior, y hoy actual hombre de confianza de la alcaldesa en la Secpla, Felipe Esbir, niega haberle encomendado esa labor, entonces, ¿quién le asignó esta tarea?

Teodosio Cayo, presidente del gremio, reaccionó con "profundo pesar y molestia" al sistema empleado por la directora de gestión urbana de la Corporación de Desarrollo de la comuna para coordinar la tasación de la ex Clínica Sierra Bella.

Los profesionales reconocieron ante la Fiscalía que se conocían y que visitaron juntos el inmueble junto a una funcionaria de la Corporación de Desarrollo de Santiago. Diputados republicanos -que denunciaron ante la justicia eventuales irregularidades- ampliaron su querella.

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió sobreseer a Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, pero no así con la intermediaria y Luis Francisco Skinne, oficial de cumplimiento.

Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser solicitaron al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, que el organismo presente una querella por fraude al fisco en contra de cada uno de los intervinientes en el negocio. Ambos legisladores ya presentaron una querella y pidieron al Ministerio Público formalizar a la jefa comunal.

El persecutor Patricio Cooper solicitó al tribunal corregir un error en el que se calificaba al nuevo abogado de la alcaldesa de Santiago como querellante. En ese sentido, el titular de la Fiscalía Centro Norte solicitó que el 7º Juzgado de Santiago enmendara el error y le aclaró que la militante comunista tiene calidad de imputada en la investigación.

Además, la alcaldesa de Santiago insistió en que su equipo seguirá “adelante buscando una alternativa de salud pública para nuestra comunidad, que es lo que ha estado de fondo en este debate”.

En contestación a la solicitud que realizó San Valentino -inmobiliaria dueña de la exclínica- en tribunales civiles con miras a que se concretara el negocio con la Municipalidad de Santiago, el conservador Luis Maldonado hizo presente su total rechazo y aseguró que no puede inscribir "títulos que contengan vicios que los anulen absolutamente".

Dirección Jurídica del municipio presentó una acción judicial de oposición, como legítimo contradictor, en contra de la solicitud realizada por la inmobiliaria San Valentino para forzar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la operación.