Tras una extensa sesión de la comisión política, el partido emitió una declaración en la que blindó a Irací Hassler tras la resolución de Contraloría y apuntó a un "empate" por parte de la derecha, cuyos concejales y parlamentarios llevaron la compra de la Clínica Sierra Bella a la justicia.
El 18 de enero, la alcaldesa Irací Hassler anunció la “primera clínica municipal”, la cual se ubicaría en la ex clínica Sierra Bella. Sin embargo, aquello generó cuestionamientos de parte de los concejales de la comuna, quienes acusaron a la autoridad comunal de estar comprando un inmueble con sobreprecio, ya que la municipalidad pagó $ 8 mil millones, cuando su avalúo era de $ 2 mil millones. Esto derivó en que la Contraloría iniciara una investigación, ordenando, como primera medida, congelar su compra.
La alcaldesa de Santiago puso así el punto final a las aspiraciones de una primera clínica municipal. Al mismo tiempo, dijo, instruyó "sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”.
El ente fiscalizador, en un informe de 32 carillas, cuestiona a la alcaldesa no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsando la compra de un inmueble por cuatro veces su valor mercado. Asimismo, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez echó abajo el proyecto de Irací Hasler de tener "la primera clínica comunal", ya que le advirtió que eso excede sus funciones como jefa edilicia teniendo a su cargo sólo la "atención primaria de salud” y no la red hospitalaria, ni de clínicas. Como estoque final, se abrió un sumario para establecer la responsabilidad de haber seguido adelante con las maniobras de compra de Sierra Bella, pese a la orden expresa de Contraloría de suspender estas acciones.
El jueves La Tercera dio a conocer la incautación del vale vista que el municipio de Santiago había emitido a nombre de los vendedores del recinto clínico. La alcaldesa pidió presura "para que podamos despejar cualquier duda" y "avanzar con un proyecto que es urgente”.
La magistrada Michelle Ibacache accedió a la diligencia solicitada por el fiscal Patricio Cooper, luego del requerimiento del abogado querellante, Sergio Rodríguez Oro. "Lo solicitado es proporcional al delito investigado", se señala en la resolución del tribunal. El documento tenía un valor de $ 2.465.862.002.
La alcaldesa Irací Hassler anunció el 18 de enero la “primera clínica municipal” para Santiago, la cual se ubicaría en la exclínica Sierra Bella. Pero aquello generó cuestionamientos de parte de los concejales de la comuna, quienes acusaron a la autoridad comunal de estar comprando un inmueble con sobreprecio. Esto derivó en que la Contraloría iniciara una investigación y congelara su compra. Ante todo, Hassler ha defendido su accionar y el de su municipio.
Luego de que el pasado domingo Pulso La Tercera diera a conocer dos tasaciones anteriores de la exclínica Sierra Bella que corresponderían a un tercio de lo que el municipio de Santiago pactó en enero de 2023, concejales de la comuna han reafirmado su tesis de un "sobreprecio" en la compra del inmueble. Por su parte, la Asociación de Tasadores de Chile volvió a referirse a la polémica y afirmó necesario "que se realicen nuevas tasaciones en base a la normativa existente".
La Municipalidad de Santiago firmó en enero la compraventa por la Clínica Sierra Bella a $ 8.285 millones. En 2020, el Banco Internacional tasó el inmueble en menos de un tercio de ese valor: $ 2.499 millones. Y en abril de 2021, un interesado por la propiedad encargó otra tasación que fijó el precio en $ 2.418 millones. Ese negocio se cayó y terminó en un arbitraje en la Cámara de Comercio. Ismael Mandiola, el gerente general de la sociedad de médicos que era la dueña de Sierra Bella 1181, dejó su cargo en enero. Los profesionales están divididos y viven hoy de otro activo: la Clínica Santa Rosa.
La polémica compra por parte de la comuna encabezada por Irací Hassler sigue instalada. Mientras la inscripción del negocio se encuentra paralizada por orden de Contraloría, el fiscal Patricio Cooper busca reconstruir cómo fue el paso a paso de la adquisición a fin de determinar si hubo o no ilícitos. Lo mismo han intentado hacer concejales de la comuna, advirtiendo cuáles han sido los puntos del proceso que generan dudas y que, finalmente, los llevó a rechazar la compra. Entre estos destacan las conexiones del director jurídico con el PC, así como los negocios con un abogado acusado por delitos de estafa y negligencias médicas.
El hecho de que la Inmobiliaria San Valentino comprara la exclínica que hoy ofrecen a Santiago en poco más de dos mil millones de pesos sigue generando dudas. A pesar de que el abogado de dicha empresa insiste en que lograron ese precio porque los exdueños estaban apurados por vender y que renunciaron a su derecho a emprender reclamaciones, el profesional que está asesorando a los doctores, el exfiscal Carlos Gajardo, manifestó que están analizando los antecedentes. Por lo mismo, no está descartado que puedan emprender acciones legales y reclamar dineros a su favor.
La compra de la clínica ha significado un dolor de cabeza para el municipio de Santiago, cuya mandamás, Irací Hassler, defendió nuevamente en el concejo municipal que se realizó ayer lunes tras el receso estival. La alcaldesa defendió que "esta iniciativa, según el marco legal, se inscribe también en la necesidad que tenemos de contar con mayor patrimonio municipal y de fortalecer la salud pública".
Beatriz Chamorro dice que en un principio no entendieron por qué San Valentino había comprado la exclínica en menos de $ 3 mil millones y los tasadores contratados por el municipio indicaron que valía más de $ 8 mil millones. Sin embargo, explica, al revisar las instalaciones y compararlas con las de otros recintos, llegaron a la convicción de que era “un precio justo”. La funcionaria que participó de la búsqueda de un edificio para la primera clínica municipal descarta irregularidades.
Luego de asumir la investigación por presuntos delitos de estafa en medio de la transacción entre el municipio y la inmobiliaria San Valentino, el fiscal Patricio Cooper instruyó las primeras primeras diligencias. Dictó orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI y solicitó una serie de informes a instituciones públicas. Por su parte, uno de los abogados querellantes, Aldo Duque, pidió al Ministerio Público tomar declaración a tres concejales y un perito de la Corte de Apelaciones.
