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Según el titular de la instancia, las aguas provienen de un manantial y no de un río por lo que el preacuerdo tramitado por el diplomático es inconstitucional.

El canciller boliviano señaló que la decisión sobre el aprovechamiento de los manantiales se someterá a consulta popular, "si la población quiere que se vaya a un referendo".

La ley boliviana señala que el equivalente al 8% del padrón electoral debe respaldar una iniciativa para que sea sometida a consulta pública.

Según el documento entregado por la Cancillería, se reconoce que el 50% del caudal pertenece a los bolivianos.