Según cifras de la SISS, las multas a firme de la sanitaria totalizan $1.174 millones en cinco años. De acuerdo con el detalle de los datos, en 2016 se establecieron las sanciones monetarias más altas.
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La sanitaria –controlada por Aguas Andina– sostuvo que la interrupción del suministro de agua potable se debió a "una situación excepcional y de emergencia", destacando que "era la medida más responsable y respetuosa de las garantías fundamentales de sus usuarios".
Según el informe final de la SISS), Essal incumplió la obligación de mantener un servicio de calidad y continuo, puso en riesgo a la población y entregó información errónea. Se trataría, de concretarse, de la mayor sanción contra una firma sanitaria desde la privatización del sistema. Multas podrían llegar a los $2.500 millones.
Proceso detectó nueve falencias que requieren acción inmediata. Esto, en una revisión que realizó tras la crisis de Essal.
La empresa afirmó que tiene la entera disposición para colaborar con la SISS en los expendientes sancionatorios y de caducidad de concesión que inició el organismo regulador.
La autoridad dijo que este proceso le permite a la empresa hacer sus descargos. Después de eso podrán recomendar o no al presidente poner fin a la concesión.
El pasado mes de febrero, Essal detalló al regulador una serie de falencias en la planta de Osorno. Frente a los temores de que un proceso de caducación termine por afectar las inversiones del sector sanitario, el superintendente (s) Jorge Rivas se mostró enfático y respondió: "Esto no anda al lote". Mientras, la SEC confirmó la formulación de cargos a la sanitaria.
Como expuso el superintendente Ronaldo Bruna, así será posible resguardar de forma más efectiva las fuentes desde las cuales las empresas obtienen el vital elemento.
El ejercicio será llevado a cabo el próximo miércoles 28 de noviembre. También participará la Onemi, la Seremi de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 11 municipios y algunas concesionarias de este servicio.
En su resolución, la Superintendencia imputó a la sanitaria el uso injustificado de los aliviaderos de tormenta o bypass, ubicados en los sectores de Santa Rosa, Punta Diamante y Puerto Chico.
De los $453 millones que debía pagar la sanitaria, por las multas emitidas por la SISS, ahora se le rebajó un 84% por resolución del 29º Juzgado Civil de Santiago.
Empresa Essal dice que conexiones ilegales de vecinos hacen colapsar el sistema. Autoridad sanitaria indaga el problema.
Se le responsabiliza por no informar oportunamente a la población y a las autoridades sobre la suspensión y por no operar a plena capacidad para el respaldo de la producción de agua potable.
Sanitaria afirmó que puso todos sus recursos en mitigar efecto de aluviones. Superintendente revisará los protocolos utilizados por la empresa.
