"No queremos que la desmunicipalización, que le ha hecho daño a la educación pública, sea a costa de cualquier cosa. Lo que pasó en Atacama se puede estar repitiendo en otros servicios del país”, advirtió la diputada Mónica Arce.
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"Hoy tenemos una reunión con el magisterio para poder mirar en particular cuál es la propuesta que tienen ellos que quedaron de expresarla y poder ahí despejar todas las dudas de carácter más bien técnico", señaló el ministro en Copiapó.
Se espera que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, viaje hasta la zona durante la próxima semana para supervisar en terreno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la cartera con los educadores.
Desde la Asociación de Municipalidades de Chile, han pedido que se realicen auditorías e indican que también estudian presentar recursos de protección para que se paralice el traspaso al actual sistema.
El titular de la cartera entregó detalles de lo que se discutió en la extensa reunión de ayer. Sobre el retorno a clases, detalló que es una fecha pronta que está dentro de los rangos que habían contemplado.
Tras un primer receso de la reunión de más de tres horas que han sostenido esta tarde con el ministro de Educación, desde el gremio indicaron que esperan -con la voluntad del ministerio- "desatar" este conflicto.
Esta pausa, según indican los parlamentarios,"no es una pausa para retroceder”, sino que “para corregir las dificultades de la implementación inicial, hacer las correcciones legislativas y consensuar transversalmente un Plan de Recuperación de la Educación Pública en Chile”.
El presidente del Colegio de Profresores, Carlos Díaz, indicó que “indudablemente" la situación de Atacama "está totalmente desbordada".
El presidente del gremio regional, Carlos Rodríguez, aseguró que hasta el momento "ningún colegio" de la región presenta las "condiciones mínimas habilitantes" para el retorno a clases.
Desde el año 2018, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, órgano que asesora al Presidente de la República en el seguimiento de la reforma, ha venido levantando una serie de alertas sobre las dificultades que están sufriendo los nuevos servicios locales de educación. Muchas de ellas, heredadas desde los municipios, como el excesivo aumento en el número de docentes y asistentes de la educación, serias falencias en el traspaso de la infraestructura, la falta de personal con conocimientos en el área y la rigidez presupuestaria para afrontar situaciones de emergencia.
Según el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, el objetivo fue "recopilar antecedentes documentales vinculados con fiscalizaciones del año 2021 y 2022 que se tradujeron en informes, uno de ellos el de Contraloría”.
"El Ministro de Educación fue para allá, no hubo solución; la subsecretaria ha estado varias veces y no ha habido solución; el Director Nacional de Educación Pública, no ha solucionado el problema”, manifestó Mario Aguilar, presidente de la organización en la RM.
El Presidente dijo que junto al ministro Cataldo están haciendo "todo el esfuerzo para que haya una solución concreta y no promesas respecto al tema de infraestructura” que afecta al Servicio Local de Educación Pública de la zona.
Los Servicios Locales de Educación Pública reemplazan a las municipalidades como organismos responsables de los establecimientos educativos y en 2017 se estableció que existirían 70 a lo largo del país. De acuerdo al calendario que se ha establecido para este proceso de traspaso, su término está programado para 2027.
"El paro de profesores en Atacama es sin duda un caso que permite evidenciar con claridad la magnitud de la crisis y el fracaso de la desmunicipalización", aseguró el grupo de diputados tras presentar la iniciativa.
