La minera de capitales canadienses sostuvo que "los sondajes realizados no tuvieron relación al proceso de cierre del proyecto Pascua Lama y formaron parte de un estudio geológico para evaluar y comprender plenamente el potencial de los depósitos conocidos". Además, agregó que ha estado "cumpliendo con total compromiso el plan de cierre de Pascua Lama", de acuerdo a lo ordenado por el fallo del Tribunal Ambiental del año 2020.
Se indagarán los permisos y los estándares de seguridad, así como los planes para evitar fallas con efecto medioambiental. En la zona, que ha sido calificada como “de sacrificio”, este año se han registrado, además, 102 varamientos de carbón.
La minera Gold Fields arriesga una multa de hasta $10 mil 400 millones. “Los ejemplares fueron capturados sin seguir los protocolos establecidos, lo que derivó en la muerte de dos de ellos y en la lesión de uno adicional" dijo el Superintendente Cristóbal De La Maza.
Según el informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), la termoeléctrica Nueva Ventanas sobrepasó durante 7.246 horas -es decir, 301 días- la potencia permitida en la zona saturada por material particulado, entre 2018 y 2020. La firma sostiene que esta superación de lo establecido no implicaría mayores emisiones contaminantes.
A la salmonera se le acusa de obstruir las facultades fiscalizadoras de la SMA tras ocultar datos relevantes respecto de las mortalidades.
En julio la Superintendencia de Medio Ambienta presentó 6 cargos contra la compañía.
La empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos.
En su oficio la autoridad ambiental citó a declarar a Edmundo Piraino Suez, Gerente ENAP Refinería Aconcagua; Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero ENAP Refinerías y Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, entre otros. Además, la autoridad anunció que solicitará copia de la carpeta investigativa que lleva adelante la fiscal Ana María Aldana. Mientras, el abogado que representa a funcionarios de la petrolera estatal, Cristián Muga solicitó no instrumentalizar el proceso penal.
Un estudio de la Contraloría General de la República determinó que el 44,2% de las denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019 no tuvieron asociadas gestiones. El informe concluye que “no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”. Mientras el superintendente aclaró que -desde su llegada- han hecho una serie de cambios para mejorar la gestión de la SMA, como por ejemplo, poner en marcha una clasificación de las denuncias ingresadas para actuar con mayor rapidez cuando los hechos son de mayor gravedad.
Una fuerte escalada en la aplicación a tecnología en sus procesos es el sello que busca imprimir el superintendente Cristóbal De La Maza a su gestión en los próximos años. En unas semanas, el jefe del servicio anunciará un profundo plan de reorganización que involucrará a todas sus áreas. Una de las áreas que buscará profundizar es la certificación ambiental en el cumplimiento de instalaciones por parte de entidades privadas.
Ello luego que la Superintendencia de Medioambiente decidiera formular un cargo grave a Mowi por la sobreproducción en dicho centro.
La Superintendencia de Medio Ambiente contestó el recurso de reclamación presentado por ENAP en contra de la resolución que reformuló cargos a la petrolera por la contaminación de Quintero-Puchuncaví en agosto de 2018. La entidad acusó a ENAP de “ocultar información” respecto del caso, lo que fue rebatido hoy desde la petrolera: “La SMA pretende justificar su actuar contrario a su Ley Orgánica en el hecho de que supuestamente se le ocultó información. Sin embargo toda la información que dice la SMA se le habría ocultado, le fue entregada en enero de 2019″.
Ello en el marco de la contingencia reportada por la salmonera el 27 de junio, en el centro ubicado en la Región de Los Lagos.
La compañía agregó que “se nos acusa de ocultar información, cuando ha sido la propia autoridad que nos ha negado el acceso a los antecedentes e informes sobre los cuales hoy basa sus nuevos cargos".
La empresa señaló que, hasta ahora, la SMA y otras autoridades han sostenido al menos tres tesis distintas para responsabilizarla y explicar cómo, supuestamente, habrían ocurrido los hechos.
