La recién nombrada subsecretaria aborda en su primera entrevista los desafíos que asumió tras el llamado del Presidente Boric, quien la designó luego de aceptar la renuncia de Xavier Altamirano. Lleva más de siete años en la repartición, por lo que insiste en que todos los funcionarios están comprometidos con la agenda de derechos humanos.
Xavier Altamirano entregará dichos insumos al Presidente Gabriel Boric para la definición de lo que sería una política de reparación integral desde el Estado. Considerando que el plan comprometido por el gobierno ha tardado, eso sí, sostuvo que "hasta la fecha, hemos dado respuestas lo más expeditas posible mediante derivaciones a otros servicios y coordinaciones con Salud".
En la Ley de Presupuesto 2024 el ítem Programa de Derechos Humanos del Estallido Social se redujo en un 100%. De $181.155.000 aprobados para 2023, se pasó a $0. De la misma forma, tampoco hay recursos asignados para “víctimas de violencia institucional”. Desde el gobierno explican que los fondos para la prometida reparación se sumarán al presupuesto de otros ministerios -pues corresponderán a medidas sectoriales- y gracias a convenios que la Subsecretaría de Derechos Humanos está ultimando a través del plan ad hoc. El hermano de Gustavo Gatica, una de las víctimas emblemáticas, acusa "una sensación de abandono y desamparo".
La actividad fue organizada por la fundación creada por la familia del joven de 24 años, con la intención combatir la homofobia, buscar el respeto y valoración de la diversidad.
La notificación se realizó el martes 31 de mayo, pero como el abogado Mauro Torres declinó dejar su cargo, seguirá a la espera que la autoridad del Ministerio de Justicia lo notifique personalmente de su despido. Todo esto se enmarca en una restructuración que se está haciendo en esa repartición a propósito de la denuncia en Fiscalía contra la diputada Lorena Fries y una eventual obstrucción a la investigación por fichas con relatos de exsoldados en causas de violaciones a los DD.HH.
"Uno siempre esperaría que todas las instituciones o ámbitos respecto de los cuales una persona que ha señalado declaraciones como lo ha hecho el diputado Urrutia, se pronuncien", dijo Lorena Recabarren.
La vocera de gobierno además recalca que la sociedad civil tiene que involucrarse para "generar una mayor conciencia de los derechos en todo ámbito" y así evitar la discriminación de las personas que viven con la enfermedad.
