El jurista afirma que el proyecto del Ejecutivo comete una clara infracción a reglas constitucionales que prohíben destinar lo recaudado por tributos a fines específicos, y que además se infringen normas con la creación del cargo FET, el cual, plantea, puede ser considerado como una carga pública, impuesto y gravamen especial a la vez.
Este lunes el Ejecutivo ingresó las indicaciones al proyecto que extiende la cobertura a 4,7 millones de hogares. Sin embargo, desde las agrupaciones gremiales que han expresado su oposición al denominado “pilar PMGD” insisten en que no se requieren fuentes de financiamiento más allá de la contribución fiscal. Además, advierten que otras partes de la propuesta alterarían los contratos adjudicados en licitaciones de energía.
La idea con la que el Ejecutivo busca salvar el proyecto para ampliar los subsidios eléctricos, es valorada desde las empresas que se dedican a instalar dicho tipo de unidades. Sin embargo, la posibilidad de que un sólo organismo ejecute la propuesta es vista con preocupación, pues podría alterar normas de libre competencia.
El ingeniero en Ciencias Materiales, Yuri Andrade Sylvester, negocia hoy directamente las condiciones financieras de su mayor iniciativa: BESS Halcón, un megaproyecto de almacenamiento, que cree se hará igual, pero cuyas condiciones cambian si se aprueba el mayor financiamiento al subsidio eléctrico con cargo a las rentas de los PMGD. Además, refuta el debate del proyecto del gobierno: “No tuvo una discusión honesta desde el punto de vista técnico”, afirma.
"El concepto de “financiamiento autocontenido” no es nuevo. Ya estuvo presente en la ley PEC 2 de 2022 que creó un nuevo fondo de estabilización de las tarifas eléctricas de clientes regulados".
Los resultados de esta segunda convocatoria estarán disponibles los primeros días de enero del 2025.
El calendario que el período para las indicaciones llegaría hasta el 11 de noviembre, para luego votar en particular el 13 de noviembre, pero la comisión adoptó el acuerdo de aplazar en una semana dicha programación.
Plataforma Energía, una comercializadora o bróker del sector -enfocada en clientes libres-, preparó un documento que contiene un set de medidas que buscan eliminar el polémico pilar de financiamiento al subsidio eléctrico con parte de los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), el que, aseguran, socava “gravemente la seguridad jurídica de Chile”.
El ministro Diego Pardow adelantó parte de las indicaciones en que está trabajando el Ejecutivo para ajustar el proyecto de ley. Entre ellas, está establecer una exención para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) que sean considerados pymes.
La fórmula que propone el gobierno para ampliar el subsidio que permita amortiguar el alza en las cuentas de la luz, donde se afectan las reglas que rigen para pequeños productores de energía, puede conllevar serias implicancias para el país.
Se habilitó el segundo periodo en el que se podrá solicitar el beneficio que complementa el pago de la cuenta de la luz.
Stephanie Crichton asegura que la propuesta del Ejecutivo, que busca recaudar US$150 millones anuales desde los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es “una medida expropiatoria que no posee ningún sustento jurídico”. La firma tiene planes de inversión por US$1.700 millones en Chile.
La entidad que opera el Sistema Eléctrico Nacional afirmó que la implementación del mecanismo que favorece a los Pequeños Medios de Generación Distribuida debe ser corregida, y recordó que los mayores costos que genera al sistema serán traspasados a clientes residenciales desde 2027. En respuesta a ello, en una dura carta, el presidente de Acera cuestionó las facultades del organismo para emitir su pronunciamiento.
Diputados de oposición buscan conocer los resultados del segundo proceso de postulación para acotar el universo de hogares, pero dicho proceso concluirá el 6 de noviembre. El ministro de Energía señaló que aplazar el calendario de tramitación compromete el pago del subsidio ampliado para la tercera alza en las cuentas de la luz, prevista para enero.
Un grupo de 10 instituciones que financian pequeñas centrales remitió una dura carta al gobierno y al Congreso, acusando que la propuesta del Ejecutivo supone un impacto para proyectos de “infraestructura en general”. El titular de Hacienda afirmó que “se pueden encontrar formas” de compensar la menor rentabilidad transitoria para evitar “un daño irreparable a una inversión, o más aún, al clima de inversiones”.
