Las tarifas eléctricas estaban virtualmente congeladas en niveles correspondientes a 2019, el primer año donde se dictó la primera de las tres leyes que estabilizaron los precios a clientes regulados. En abril se dictó una cuarta, buscando solucionar la deficiente implementación del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), creado en 2022, y es la que hoy concentra las miradas del Congreso y La Moneda, buscando ampliar el subsidio creado hace menos de tres meses.
La directiva nacional provisoria del Frente Amplio manifestó estar disponible para "dialogar sobre otros mecanismos complementarios que permitan frenar el alza en las cuentas de luz y, con ello, el alza en el costo de la vida, considerando que se trata de una problemática urgente".
"Son recursos que el Estado no tiene y hay que ver cómo se generan para poder aliviar el impacto en las familias", dijo la ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo.
Este lunes el Presidente Boric recibió en Palacio al ministro de Energía, ad portas de la aplicación de la impopular medida. Desde el FA están presionando -con apoyo de Pardow- para aumentar el auxilio económico, pero entienden que la decisión debe pasar por el titular de Hacienda, quien ya ha mostrado reparos en el pasado a esta idea.
El ajuste más fuerte se verá en las regiones de Valparaíso y de Atacama, donde los segmentos de consumo residencial de entre 180 y 400 KWh mensual superarán alzas del 40% en la boleta final, según expuso esta semana el ministro Diego Pardow. El primero de tres incrementos en las cuentas de la luz -en octubre y enero suben de nuevo- afectará los consumos de julio. El gobierno publicará el decreto tarifario que concreta el sinceramiento de los costos de la energía durante la primera semana del próximo mes.
Los diputados Paula Labra, Carla Morales, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael enviaron un oficio al Presidente Gabriel Boric, además de los ministros de Energía, Diego Pardow; de Hacienda, Mario Marcel; y de Desarrollo Social, Javiera Toro, para que el beneficio se aplique en forma automática para las familias que califiquen en el Registro Social de Hogares.
La semana pasada se publicó en el Diario Oficial la ley que permitirá descongelar la tarifa eléctrica, dando 45 días hábiles para dictar el primer decreto tarifario. Ello ocurrirá a más tardar el 25 de junio, pero se estima que el período de postulación para el beneficio, de al menos un mes, impedirá que ambas cosas ocurran al unísono.
Pese a que se rechazó la mayor parte de las indicaciones presentadas, el Ejecutivo se abrió a patrocinar cambios relativos a la administración de los potenciales excedentes del fondo de Cargo por Servicio Público y a comprometer la aplicación del subsidio en forma simultánea al descongelamiento de las tarifas eléctricas.
Respecto al proyecto de estabilización tarifaria, el secretario de Estado recordó que debido al rezago de una deuda con las empresas de generación de energía desde octubre de 2019, cuando se congelaron los precios de electricidad, este monto asciende actualmente a los US$6 mil millones, y crece US$3 millones al día por intereses.
Un grupo de cuatro diputados oficialistas liderados por Diego Ibáñez, todos representantes de la región de Valparaíso, piden incorporar una sobretasa en el impuesto a las emisiones provenientes de fuentes fijas para poder aumentar el universo al que se le aplicaría el beneficio.
La iniciativa, que permitirá tanto servir la deuda acumulada con las empresas de generación eléctrica, como moderar -e incluso evitar- las alzas previstas por la Comisión Nacional de Energía, ahora deberá ser vista por la Cámara de Diputados.
