“Es un caso de defraudación de subvenciones, que es un delito bien grave cuando hay transferencias de fondos públicos comprometidas”, señaló el titular de Justicia sobre el proceso que enfrenta la excandidata a gobernadora.
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La excandidata a gobernadora y otros 10 exmilitantes de Comunes fueron formalizados por fraude de subvenciones y por delitos vinculados a gastos electorales. Se fijó un plazo de investigación de 100 días.
El órgano contralor emitió un informe cuestionando una serie de faltas en las rectificaciones de declaraciones de subvenciones de la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo por gastos en el periodo de la exalcaldesa. Entre las falencias encontradas está la duplicidad de sueldos declarados, falta de comprobantes de los gastos y compras que no se ajustan a la normativa. Además de eso, acusó que existió "falta de fiscalización" de parte de la Superintendencia de Educación, la Subsecretaría de Educación y de la Dirección de Educación Pública.
Denuncia ante la Contraloría dice que en 88 establecimientos se suspendió o desvinculó a 520 docentes y asistentes, pese a que tenían millonarios aportes del Estado acumulados.
El fiscal Marcelo Sambucetti dijo que podría existir un fraude al Fisco. Y revisarán número de decesos informado.
Ello luego de que representantes de algunas instituciones, indicaran que no les entregarían más recursos durante 2017.
