Desde la administración pública han impulsado distintas investigaciones en contra de algunos funcionarios para indagar supuestas faltas de probidad en sus labores.
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El municipio había presentado un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia por supuesta vulneración de la privacidad de los afectados. Ahora tiene cinco días hábiles para entregar la información solicitada, siempre y cuando no presente un recurso de queja a la Corte Suprema.
Economía Bono clase media: reparticiones públicas abrirán sumarios para determinar responsabilidades
Según fuentes de gobierno, los jefes de servicio de cada repartición tomaron contacto con el SII para conocer el detalle de cada caso. Deben investigar y tomar las medidas administrativas que correspondan con aprobación final de la Contraloría.
Los operativos de Carabineros terminaron con 30 personas detenidas por infringir el artículo del Código Penal que sanciona a quien pone en riesgo la salud pública.
Se han cursado multas por $ 2,5 millones contra 15 empresas y cinco han sido sobreseídas. Resultados de investigaciones administrativas fueron derivadas a la Fiscalía.
En una actualización de los procesos administrativos realizados por la institución en el marco del estallido social, se informaron 173 sanciones y 14 expulsiones.
Los datos entregados al diputado Sebastián Torrealba (RN) corresponden al periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de mayo de 2019 donde se consideran infracciones relacionadas con el cohecho, consumo o tráfico de drogas y alcohol y falta a la probidad funcionaria. El director de la institución apunta que 323 funcionarios fueron desvinculados entre 2018 y 2019 por hechos relacionados a esta materia, de la mano de un nuevo plan Anticorrupción.
De los 13 sumarios a Carabineros, hay uno que no está presente en la contabilización y que hoy tiene relevancia: el que figura como anulado el 20 de junio de 2010, seis días después de una reunión entre el entonces contralor Ramiro Mendoza y el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon.
El acusado asegura que "yo no cargo un arma en la universidad, sí estoy autorizado para transportar y usar armas porque practico tiro y cuando voy al club en el horario de almuerzo traigo de mi casa el arma y como no la puedo dejar en el auto la traigo a mi oficina, pero no cargada con municiones".
