La casa de estudios no solo se encuentra enfrentada con el ente fiscalizador por la multa que le aplicó esta semana por aparentes desvíos de dineros a Estados Unidos y acusaciones de lucro, sino que por las medidas exigidas por la superintendencia para cumplir con la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
En el comunicado especifican que la institución tendrá un plazo de 5 días hábiles para entregar todos los antecedentes.
Así lo zanjó este viernes el ente fiscalizador, que justificó su decisión porque “la información recibida no permite esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la universidad”.
"Aquí pareciera que más que un plantel educativo, se estaba configurando una red de poder dentro de la universidad”. indicó el diputado Manouchehri.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
Los despidos masivos en la casa de estudios de la semana pasada provocaron que el ente fiscalizador de las instituciones de educación superior pusiera sus ojos en una institución que vive días convulsos.
La casa de estudios está siendo pesquisada por supuestos vínculos con empresas, y a fines de mayo el rector, Patricio Manque, fue notificado por el ente fiscalizador de que a su institución le estaban formulando cuatro cargos. De comprobarse los hechos, las sanciones van desde una amonestación por escrito, multas de hasta 657 millones de pesos y la inhabilitación temporal para las autoridades.
La universidad subsanó las observaciones que le había hecho la SES a su propuesta original, entidad que de todas formas exige "la ejecución de acciones prioritarias" a la brevedad. Con todo, la UACh tendrá que enviar un informe el 5 de julio de este año, el que si es evaluado negativamente, corre el riesgo de ver implementadas medidas alternativas.
Juan Pablo Prieto, quien ha trabajado en la universidades de Talca, Viña del Mar, Central y Playa Ancha, tendrá la misión de implementar en un plazo de dos años un plan de trabajo aprobado y monitoreado por el ente fiscalizador. Al cabo de ese periodo, la administración y gobierno de la institución aysenina regresarán a manos de sus directivos.
La Superintendencia de Educación Superior le entregó a la casa de estudios los resultados de la investigación instruida a mediados de año tras percatarse de su delicada situación. El escrito advierte de la criticidad de la casa de estudios estatal que comenzó a funcionar hace apenas seis años: problemas de gestión, falta de mecanismos de control interno, pérdida de su casa central, déficit de $2.500 millones y dificultades para pagar los sueldos de 2023, entre otras cosas.
Según un estudio de la Superintendencia de Educación Superior, la cifra corresponde al 4,4% de la matrícula total del sector educacional. Si bien el porcentaje va en descenso, se traduce en que diez centros de formación técnica, nueve universidades y seis institutos profesionales presentan cierto grado de estrés financiero.
El ente fiscalizador determinó este martes hacer la solicitud al Mineduc, quienes previo acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, podrían hacer efectiva la medida.
Las Ues de Aysén, Austral y Bolivariana tienen procesos indagatorios abiertos por parte de la Superintendencia de Educación Superior, desde donde dicen que son casos aislados que responden a “una gestión estratégica deficiente”.
Por error, la Ucen había incluido mal unos datos en su solicitud de adscripción, los que intentó enmendar en el camino, pero que les fue denegado por el Ministerio de Educación. Ante esto, el ente contralor dictaminó que la cartera "transgredió la ley N° 21.091 al no haber considerado los nuevos antecedentes aportados" por la casa de estudios.
La mayoría de las quejas presentadas en la Superintendencia encargada las concentran las universidades y tienen relación, principalmente, con temas administrativos y académicos.
