La Universidad San Sebastián deberá responder formalmente a la Superintendencia de Educación Superior cómo posibilitó que cualquier persona, sin necesidad de una contraseña, pudiera ver los puntajes de la reciente prueba de un postulante desconocido.
La implementación de un número telefónico SOS o la capacitación de sus académicos que sean tutores son algunas de las medidas que busca la Superintendencia de Educación Superior luego del fallecimiento de la estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes.
La segunda versión del estudio de la Superintendencia de Educación superior sobre salud financiera de las casas de estudio chilenas da cuenta de un aumento en la cantidad de instituciones en una condición crítica, pero una disminución en la cantidad de estudiantes afectados por esto.
La Superintendencia de Educación Superior ordenó esto tras las denuncias de maltrato hacia la estudiante, que culminaron con su suicidio.
En el acta de la pesquisa de la Superintendencia de Educación Superior se establece que las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes "no escucharon las experiencias de maltrato de las estudiantes, sino que insistieron en la actitud de reprimenda y advertencia de los problemas que les traería en caso de injuriar a docentes de los campos clínicos, dando por sentado que las denuncias eran infundadas o falsas”. Meses después, Catalina Cayazaya, entonces estudiante de dicha carrera, se quitó la vida.
Ya sea por estados financieros complejos o situaciones consideradas anómalas, son al menos ocho las instituciones que la Superintendencia de Educación Superior tiene bajo la lupa y que fueron transparentadas a los diputados miembros de la comisión surgida a raíz del millonario salario que percibía Marcela Cubillos como docente.
Casa de estudios fue sancionada por la Superintendencia de Educación Superior al detectar desvío de 7 millones de dólares a subsidiaria en EEUU. “No se acreditó la infracción de norma sustantiva alguna en las operaciones cuestionadas”, afirman sus abogados.
La casa de estudios no solo se encuentra enfrentada con el ente fiscalizador por la multa que le aplicó esta semana por aparentes desvíos de dineros a Estados Unidos y acusaciones de lucro, sino que por las medidas exigidas por la superintendencia para cumplir con la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
En el comunicado especifican que la institución tendrá un plazo de 5 días hábiles para entregar todos los antecedentes.
Así lo zanjó este viernes el ente fiscalizador, que justificó su decisión porque “la información recibida no permite esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la universidad”.
"Aquí pareciera que más que un plantel educativo, se estaba configurando una red de poder dentro de la universidad”. indicó el diputado Manouchehri.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
Los despidos masivos en la casa de estudios de la semana pasada provocaron que el ente fiscalizador de las instituciones de educación superior pusiera sus ojos en una institución que vive días convulsos.
