Las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío lideran el registro histórico de quejas por este tipo de hechos, que sólo en 2024 ya tiene 1.024 denuncias así, lo que implica un 54% de todas las acusaciones que ha recibido el ente fiscalizador este año.
En específico se trató de un derrame de aguas de proceso que se produjo por filtraciones desde piscinas destinadas a almacenar drenajes en casos de emergencia.
Ello luego de recibir una denuncia de la Seremi de Agricultura informando que en el proceso de construcción se han generado externalidades negativas para las comunidades del sector de Arancha, Chaspica, Sora y Molinos.
Ello debido a la utilización de los químicos Formalina y Lufenurón en su proyecto “Piscicultura Chaparano Multiexport”, ubicado en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos.
Las medidas se aplicarán según las condiciones de ventilación, lo que podría significar una reducción de hasta un 70% de los flujos de carga y descarga de productos combustibles y/o químicos que emitan Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
A diferencia de los años anteriores, y dado el contexto actual, la entidad tuvo que recurrir a otros servicios públicos, como municipalidades, para tener más dotación fiscalizando.
El fallo de primera instancia le dio la razón al ex fiscal al calificar su despido como "discriminatorio", "caprichoso" y "carente de fundamentación", además de sostuvo que "el mecanismo que respaldaba su designación (Alta Dirección Pública) era el más exigente que existe a nivel de empleo público, por lo que garantizaba la idoneidad del actor para ocupar el cargo mencionado". Mientras la SMA respondió que quien politizó la situación fue el mismo demandante, quien recurrió al ministerio para que lo mantuvieran en el cargo.
Este alto número de denuncias presentadas durante el año 2018 obedece principalmente, a que la comunidad está más informada con respecto al rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y uno de los factores que contribuyó a este escenario fue la crisis ambiental ocurrida en la zona de Quintero y Puchuncaví, contexto en el que el trabajo de la SMA tuvo una mayor exposición mediática.
Ex fiscal de la SMA acusó ante la justicia de intervención política al subsecretario Felipe Riesco, planteando que en 40 días fueron desvinculados tres de los cuatro cargos de Alta Dirección Pública de la institución. Mientras, el ex jefe de la Oficina Regional del Maule denunció haber sido ridiculizado y ser víctima de hostigamiento. Ministerio de Medio Ambiente se defiende y descarta intervención en la SMA, que asegura que los cambios se deben a un "proceso normal de transición".
El Superintendente Cristián Franz descartó un relajo en los controles que realiza la entidad. Además se refirió a los fallos críticos de la Corte Suprema contra la institución y sostuvo que "como pareciera ser que se está asentando una cierta jurisprudencia, estamos actuando con criterio extensivo para hacer las revisiones".
La entidad informó que siguen fiscalizando con el fin de determinar a la o los responsables de los episodios de contaminación que han afectado a la zona.
El proceso que persigue la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) es otra traba para la venta de Potash.
Ministro Mena dijo que algunos recintos en construcción no tendrían permisos.
