Tras un nuevo pleno del máximo tribunal, el secretario Jorge Sáez comunicó la cancelación de la adquisición, aunque reiteró que había un acuerdo con Dipres para que se dispusieran los fondos. La medida fue valorada tanto por funcionarios como por el gobierno, aunque entre los ministros hay molestia por lo que consideran una supuesta "deslealtad" de las autoridades del Ejecutivo.
"El Ejecutivo no define cuántos autos se compra y de qué modelo, porque es un poder autónomo. Lo único que se hace es que se aprueben presupuestos generales ¿Cómo se usan esos recursos?, es una decisión de ellos", planteó la ministra Camila Vallejo.
“La Corte Suprema hizo justicia”, indicaron los parlamentarios por La Araucanía, al destacar que la comisión de libertad condicional había estimado que el machi era un “peligro para la sociedad”.
Córdova había dejado el centro reclusorio la madrugada del jueves 4 de enero, donde cumplía una pena de 18 años de presidio por la muerte de el matrimonio Luchsinger-Mackay.
"Provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones. Por ende, se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas”, indicó el gremio en una declaración pública.
Así se desprende de la respuesta que dio este lunes la Tercera Sala a consulta de la Superintendencia de Salud: “Lo que corresponde a cada isapre es dar cumplimiento al fallo referido desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada (...) dando aplicación al mismo, esto es manteniendo la prima GES del trienio anterior”. Dicha aplicación significa un fuerte golpe para los ingresos de las aseguradoras privadas de salud.
En concreto, el regulador consultó si es posible que la Superintendencia pueda dictar una instrucción general a las isapres para que apliquen el fallo sobre los afiliados que no judicializaron el asunto y que de todas maneras verán una baja en sus primas. En ese sentido, el regulador consultó también si es que puede dictar esas instrucciones dentro del plazo de seis meses.
El denominado "clan Mazza", finalmente, deberá cumplir en prisión una sentencia que pone la lápida a un caso que comenzó en 2004. Se incautaron propiedades por montos superiores a los US$ 3,5 millones.
La presidenta ejecutiva de Espacio Público y una de las integrantes de la Comisión Técnica, asegura que las propuestas que hicieron los expertos "no son un perdonazo". Es más, sostiene que "si no se adoptan medidas adecuadas y oportunas, la posibilidad de una quiebra con impactos sistémicos es concreta, escenario en el que no habrá devoluciones ni rebajas de precios". Acá defiende el informe que elaboraron los técnicos y llama a buscar una solución de manera rápida, antes de que se genere una crisis.
La Tercera Sala del máximo tribunal resolvió, entre el miércoles y jueves de la semana pasada, con un "no ha lugar” los distintos recursos que interpusieron las isapres respecto de la sentencia que dictó la misma Suprema, y que deja sin efecto la última alza de precios que hicieron las aseguradoras privadas de salud por el precio GES. Ahora estas últimas deberán proceder a cumplir los fallos.
Después de meses de trabajo, el ente técnico integrado por 16 expertos resolvió que las aseguradoras deberían devolver 402 mil millones de pesos a sus afiliados para restituir los cobros en exceso que se generaron al aplicar la nueva tabla de factores. Además, insistieron en la necesidad de reformar el sistema sanitario.
El pasado viernes, la Superintendencia realizó la petición considerando que en noviembre vencía el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal para implementar el polémico fallo sobre tabla de factores, y que, en paralelo, la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso. El nuevo plazo comienza a partir del 12 de noviembre próximo.
La acción de Bernardo Arévalo se da en medio de la arremetida del Ministerio Público contra la elección, el tribunal electoral que lo declaró ganador, el partido que lo llevó a la presidencia y el mismo Arévalo.
La idea es despachar del Senado la reforma en octubre y desde la Cámara en noviembre, antes del plazo que dio la Suprema para implementar el fallo sobre tabla de factores. Los plazos están justos y muchos dudan que se logre implementar el fallo a tiempo. "La Superintendencia de Salud ya debería comenzar a elaborar una nueva solicitud de prórroga ante la Suprema", opina el ex superintendente Patricio Fernández.
En el marco del incidente de nulidad procesal que ingresó Consalud por el fallo GES, la isapre también presentó una solicitud de recusación de los ministros integrantes de la Tercera Sala del máximo tribunal: Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Apelaciones admitió a trámite esta última solicitud, frente a lo cual los ministros enviaron un informe pidiendo rechazar el incidente de recusación.
