El exjuez recurrió al Tribunal Constitucional (TC), en paralelo a las acciones judiciales emprendidas luego de que la Corte Suprema negara entregar los antecedentes recabados por la Comisión de Ética del máximo tribunal. Mientras se tramite aquello, la defensa de Muñoz pide que se suspenda la tramitación de la causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite un recurso presentado por la defensa del recién reelecto gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, para quien la Fiscalía solicitó el desafuero por presuntos hechos de corrupción ocurridos el 2019. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud, la que fue apelada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema, pero que ahora fue detenido por el TC.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha estado vinculado a causas de derechos humanos y fue el “ministro de primera instancia” para conocer la demanda presentada por el exministro Giorgio Jackson en contra del senador Fidel Espinoza (PS) en el marco del caso Convenios.
La elección se prdujo luego de que esta jornada un grupo de 16 abogados expuso ante el Pleno del máximo tribunal.
El abogado Antonio Guzmán acudió al Tribunal Constitucional a 15 días de su formalización por estafa, uso malicioso de instrumento mercantil y lavado de activos, en el caso del fraude al factoring Primus Capital, acusando parcialidad y demoras en la investigación. Primus, en respuesta, lo acusa de usar tácticas dilatorias para evitar su enjuiciamiento, con la audiencia programada para el 2 de octubre.
Los parlamentarios Leonardo Soto, Luis Cuello y Daniel Manouchehri presentaron un téngase presente en respuesta a la solicitud de los gremios para que se declare el proyecto como inconstitucional al ser considerado “desproporcionado”.
El ministro José Ignacio Vásquez Márquez cumplió su periodo legal en el organismo el 4 de septiembre.
En la antesala de la reformalización de la exjefa comunal, la Corte de Apelaciones de Santiago "devolvió" la calidad de intervinientes en la causa a la Municipalidad de Maipú y a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de la misma comuna.
El Ministerio Público y gremios financieros manifestaron ante el Tribunal Constitucional su preocupación por la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que crea una Agencia de Protección de Datos y contempla sanciones de hasta 20.000 UTM. El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que la supervisión de la Agencia sobre el manejo de datos podría afectar la autonomía del Ministerio Público y entorpecer investigaciones criminales. Paralelamente, asociaciones bancarias y de innovación financiera alertaron sobre sanciones que califican de excesivas, que podrían perjudicar sectores clave como el comercio y el marketing digital.
A pesar de que algunas ministras del Tribunal Constitucional hicieron un reproche al Senado por haber tramitado este proyecto con un quorum más alto, la mayoría del TC visó la iniciativa que ya está en condiciones de ser promulgada por el Presidente Boric.
El máximo tribunal confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que había rechazado el recurso de protección presentado por Brahm, con el cual buscaba anular las cinco sanciones en su contra. La Suprema determinó que como la expresidenta ya no forma parte del TC, entonces no están en riesgo los derechos que buscaba garantizar con su acción judicial.
Luego de tres votaciones, la magistrada especialista en derecho laboral se transformará en la sucesora de la actual presidenta Nancy Yáñez. El pleno se dividió entre tres candidatos: Miguel Ángel Fernández por la derecha, María Pía Silva por el centro y la abogada de la Universidad de Valparaíso por la izquierda. Con esto La Moneda se asegura el voto dirimente hasta el final de su mandato.
El Tribunal Constitucional sostuvo en su fallo que el recurso del exgeneral director de Carabineros adolece "de falta de fundamento plausible".
Ese día estaba fijada originalmente su formalización, que se postergó para el 1 de octubre.
Rozas es investigado por su eventual responsabilidad de mando en apremios ilegítimos en el estallido social, mismo delito atribuido al actual mandamás de la institución, Ricardo Yáñez.
