En una resolución dividida, la mayoría del tribunal estimó que pese a que La Moneda no adjuntó toda la documentación requerida en esta parte del proceso e incurrió en un error de forma, el vicio no era suficiente para dejar caer el intento del gobierno para impugnar 14 glosas. La decisión fue parcial ya que hubo algunas normas, como una que estaba vinculada a la Ley Aula Segura, que quedaron fuera.
La Moneda hizo un cambio en su equipo judicial, que estaba previsto de antes, para revertir la decisión y fichó al exministro del TC Gonzalo García. El asunto será tratado sin alegatos en el pleno citado para este jueves. De fondo resuena el precedente de 2021, cuando el mismo organismo encargado de velar por la Constitución le dio un portazo al requerimiento del expresidente Sebastián Piñera en contra del tercer retiro de las AFP.
Desde el PC y el FA han manifestado sus reparos hacia el IMSI Catcher, herramienta para rastrear e interceptar metadatos de dispositivos celulares, apuntando a que se pondrían en riesgo las libertades públicas.
En su fallo, el Tribunal Constitucional solicitó al máximo tribunal conservar y resguardar el informe final de la comisión emitido en virtud de la investigación seguida en contra del destituido juez.
Tribunal Constitucional encontró "defectos de forma" en la presentación y dio un plazo de tres días para subsanarlos.
Por estos días se vive un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Consejo para la Transparencia y el Ejecutivo, a raíz de un requerimiento que la Segpres deniega. El conflicto es calificado como "anómalo" por el expresidente del CPLT Francisco Leturia.
El exjuez recurrió al Tribunal Constitucional (TC), en paralelo a las acciones judiciales emprendidas luego de que la Corte Suprema negara entregar los antecedentes recabados por la Comisión de Ética del máximo tribunal. Mientras se tramite aquello, la defensa de Muñoz pide que se suspenda la tramitación de la causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite un recurso presentado por la defensa del recién reelecto gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, para quien la Fiscalía solicitó el desafuero por presuntos hechos de corrupción ocurridos el 2019. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud, la que fue apelada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema, pero que ahora fue detenido por el TC.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha estado vinculado a causas de derechos humanos y fue el “ministro de primera instancia” para conocer la demanda presentada por el exministro Giorgio Jackson en contra del senador Fidel Espinoza (PS) en el marco del caso Convenios.
La elección se prdujo luego de que esta jornada un grupo de 16 abogados expuso ante el Pleno del máximo tribunal.
El abogado Antonio Guzmán acudió al Tribunal Constitucional a 15 días de su formalización por estafa, uso malicioso de instrumento mercantil y lavado de activos, en el caso del fraude al factoring Primus Capital, acusando parcialidad y demoras en la investigación. Primus, en respuesta, lo acusa de usar tácticas dilatorias para evitar su enjuiciamiento, con la audiencia programada para el 2 de octubre.
Los parlamentarios Leonardo Soto, Luis Cuello y Daniel Manouchehri presentaron un téngase presente en respuesta a la solicitud de los gremios para que se declare el proyecto como inconstitucional al ser considerado “desproporcionado”.
El ministro José Ignacio Vásquez Márquez cumplió su periodo legal en el organismo el 4 de septiembre.
En la antesala de la reformalización de la exjefa comunal, la Corte de Apelaciones de Santiago "devolvió" la calidad de intervinientes en la causa a la Municipalidad de Maipú y a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de la misma comuna.
El Ministerio Público y gremios financieros manifestaron ante el Tribunal Constitucional su preocupación por la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que crea una Agencia de Protección de Datos y contempla sanciones de hasta 20.000 UTM. El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que la supervisión de la Agencia sobre el manejo de datos podría afectar la autonomía del Ministerio Público y entorpecer investigaciones criminales. Paralelamente, asociaciones bancarias y de innovación financiera alertaron sobre sanciones que califican de excesivas, que podrían perjudicar sectores clave como el comercio y el marketing digital.
