"Estamos de acuerdo en que se busquen sanciones a los delitos económicos, pero tiene que resguardar la proporcionalidad y la igualdad ante la ley”, dijo Susana Jiménez.
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"Creo que todo eso probablemente es parte normal de un proceso de revisión de o de discusión sobre constitucionalidad y esperamos que se pueda resolver prontamente sobre todo considerando de que este es un proyecto que fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso", dijo el secretario de Estado.
El texto ingresado por los senadores Walker, Huenchumilla, De Urresti, Núñez, Araya y Rincón tiene como objetivo, según señalan, explicar al Tribunal Constitucional la serie de argumentos expresados por la CPC quien cuestionó ante el tribunal la ley contra los delitos económicos. El "téngase presente" de los parlamentarios sostiene que más bien en esta acción de los empresarios existiría un uso instrumental, el cual debería ser reprochado por el tribunal.
“El proyecto de delitos económicos crea una serie de nuevos delitos con sanciones que nos parecen totalmente arbitrarias. Por eso, hicimos esta presentación al Tribunal Constitucional, señalando que se atenta contra la actividad empresarial", dijo por su parte el timonel de la CPC, Ricardo Mewes.
El parlamentario del PC, Luis Cuello, señaló que es un "precedente nefasto que el Congreso se atribuya facultades judiciales y cambie un fallo, esto es inédito”.
"Es fundamental que el gobierno se haga parte de este recurso y demuestre con hechos que está decidió a enfrentar este flagelo”, sostuvo la senadora Carmen Gloria Aravena.
El proceso no se ha suspendido. Imputados deben comparecer presencialmente en una causa que se podría extender hasta por dos años.
Titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago deducen una posible inconstitucionalidad sobre la norma que obliga a los acusados, entre los que se encuentran Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, a comparecer a todas las audiencias del juicio por el caso sobre financiamiento irregular de la política, el que se podría extender hasta por dos años.
La ministra que preside el Tribunal Constitucional entró en el debate de uno de los puntos más controversiales y en el cual los expertos están divididos y no han llegado a acuerdo. "(Hay que) identificar cuáles serían sus contornos constitucionales, restringiendo a un control ex post y a lo mejor no un control preventivo, restringido a vicios de forma y no necesariamente de fondo”, añadió la magistrada.
El requerimiento presentado por 47 diputados de la oposición, ingresado ante el Tribunal Constitucional (TC), busca que se declare inconstitucional la norma que permite cultivar marihuana a aquellas personas que tengan una receta médica que justifique su plantación. En su argumentación, los personeros de derecha sostienen que está fuera de las normas de la Constitución la forma en la que se integró la indicación que permite el autocultivo de marihuana.
Este martes, tras el rechazo de los requerimientos presentados contra los indultos, representantes de Chile Vamos apuntaron a la actual composición del Tribunal Constitucional (TC), y en particular, a su presidenta. Aseguran que debió haberse inhabilitado por su cercanía con el actual gobierno, sobre todo con el ex jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, quien salió por esta crisis.
Cordero enfatizó en que "una de las reglas básicas del sistema democrático es que cuando me someto a un tribunal, acepto su decisión, me sea favorable o desfavorable”.
Los comisionados no tienen acuerdo respecto de qué hacer en la revisión de constitucionalidad de la futura Corte Constitucional sobre los requerimientos de parlamentarios en las leyes antes de que entren en vigencia. Mientras algunos en el oficialismo quieren quitarlo por completo, otras voces en la oposición están a favor de preservarlo con algunas modificaciones.
En el gobierno celebraron este martes la determinación del Tribunal Constitucional, organismo que desechó los siete requerimientos interpuestos por la oposición en contra de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado. En Palacio esperan que con esta definición puedan dejar atrás uno de los episodios para el olvido en la gestión del Mandatario. En la derecha, en tanto, acusaron parcialidad de la decisión y presiones sobre el tribunal.
