Protección, reubicación y hasta cambios de país. Esas son solo algunas de las medidas que contempla la Fiscalía para atender a los testigos protegidos, los que dependen de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, repartición que cuenta con un presupuesto de más de cinco mil millones al año.
Un doble homicidio en Lampa y el crimen de una mujer en Ovalle habían sido vinculados a supuestos asesinatos en el contexto del crimen organizado, ya que se apuntó que los tres habrían tenido calidad de testigos protegidos. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el Gobierno salieron durante esta jornada a aclarar que las víctimas de estos trágicos delitos fueron muertos en contextos totalmente diferentes y que ninguno de ellos figuraba en los programas de protección a víctimas y testigos. Aquí detalles de ambos casos.
La titular de Interior, además, recalcó que el Ejecutivo “no tiene ninguna posibilidad de participación en el mecanismo de los testigos protegidos”, ya que es “una tarea exclusivamente de la Fiscalía”.
Desde el Ministerio Público descartaron que los dos venezolanos encontrados en un sitio eriazo de la citada comuna fueran parte de un programa de protección a testigos. De igual forma, negaron tal calidad para una mujer asesinada en Ovalle por su supuesta colaboración en una investigación del Tren de Aragua.
Los parlamentarios Andrés Longton y José Miguel Castro indicaron que la presencia de las autoridades en la comisión apunta a conocer las fallas en el sistema de protección de testigos con la finalidad de proponer mejoras que garanticen la seguridad de aquellos que colaboran con la justicia.
Esto, luego de que el 30 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de Arica desestimara la imputación de "violación de secreto" realizada contra cuatro abogados que solicitaron y accedieron a la identidad de 57 testigos reservados en el marco de una investigación de la Fiscalía en contra del clan de “Los Gallegos”, vinculado al grupo criminal internacional de origen venezolano.
Según confirmó el titular de Justicia, la decisión adoptada por el juez Héctor Barraza constituye un "hecho grave" y será el máximo tribunal el que determine las posibles sanciones en contra del magistrado. En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el inicio de una investigación penal contra quien resulte responsable.
La mañana de este jueves, la Corte de Apelaciones dio lugar a la orden de no innovar que pidió la fiscalía en el recurso de protección presentado en favor de los testigos protegidos con identidad reservada de esta causa. Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a las defensas de los imputados.
El pasado 20 de abril, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso interpuesto por el Ministerio Público, el cual solicitaba no acceder a la resolución de la magistrada Viviana García, quien en la preparación de juicio determinó dar a lugar la solicitud presentada por el abogado del dirigente mapuche.
En 2022 se destinó el 75% del presupuesto ejecutado a 176 “reubicaciones” de testigos con protección. Además, se cubrieron costos de alimentación, seguridad y asistencia social. El fiscal nacional defiende la medida: “Circunstancias graves justifican medidas distintas a las reglas generales”.
A la medida, anunciada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se suma un recurso de protección en favor de los eventuales declarantes, por ponerse en riesgo su integridad física y psíquica.
